Con el objetivo de proteger el bienestar de los menores en Nuevo León, la diputada Myrna Grimaldo presentó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocada en garantizar que los procesos de adopción sean seguros, transparentes y libres de irregularidades.
La propuesta establece que las personas inscritas en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias no podrán adoptar, evitando que menores sean entregados a quienes han incumplido con su responsabilidad de proveer sustento a sus hijos.
Además, la reforma propone modificaciones para fortalecer el control y supervisión en los procesos de adopción, prohibiendo prácticas como la adopción privada, la influencia indebida y la adopción con fines ilícitos. También establece mecanismos para que los deudores alimentarios puedan regularizar su situación y eliminar su registro una vez que hayan cumplido con sus obligaciones.
Impulso al Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias
Como complemento a esta iniciativa, Grimaldo propuso la creación de un Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, el cual permitirá identificar y dar seguimiento a quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias. La propuesta fue aprobada por unanimidad y se prevé una mesa de trabajo en los próximos días para definir su implementación.
”Es fundamental contar con herramientas que garanticen el cumplimiento de estas responsabilidades y protejan los derechos de los menores. No podemos permitir que quienes han fallado en su deber de sustento puedan adoptar sin antes demostrar su compromiso con la niñez”, afirmó la legisladora.
Estados como Ciudad de México, Jalisco, Coahuila y Estado de México ya cuentan con registros similares, lo que ha permitido mejorar el cumplimiento de las pensiones alimenticias. A nivel internacional, países como Estados Unidos, Canadá y Colombia han implementado medidas como la restricción de créditos, la suspensión de licencias de conducir y la limitación de viajes al extranjero para deudores alimentarios.
Con esta reforma, Nuevo León busca sumarse a estas estrategias y garantizar que los derechos de la infancia sean protegidos de manera efectiva.
