Para frenar la proliferación de instituciones educativas irregulares que ofrecen títulos sin validez oficial, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León para tipificar como delito esta práctica, comúnmente realizada por las llamadas “escuelas patito”.
Actualmente, estas instituciones solo enfrentan sanciones administrativas, lo que, de acuerdo con el legislador priista, resulta insuficiente ante el daño que provocan a miles de estudiantes y sus familias. La propuesta busca endurecer las consecuencias legales al considerar como delito la expedición de títulos académicos por instituciones que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
“Es terrible cuando los estudiantes y sus familias invierten tiempo, dinero y expectativas en un servicio cuya certificación carece de validez oficial. Al final, enfrentan obstáculos para continuar con sus estudios o ingresar al mercado laboral”, declaró Treviño Cantú.
La iniciativa plantea modificar y adicionar diversas fracciones de los artículos 386 y 387 del Código Penal estatal, para que se proceda de oficio en casos donde una institución entregue diplomas, títulos o grados sin contar con la debida autorización, al considerar estos documentos como falsificaciones.
Treviño explicó que ya existen penas contempladas en el Código Penal de hasta 12 años de prisión y 200 cuotas (alrededor de 23 mil pesos) para quienes cometan este tipo de fraudes, además de la obligación de resarcir el daño a los afectados.
“Nuevo León no puede quedarse atrás. Otras entidades del país ya están tomando medidas contra estas prácticas nocivas. Esta reforma fortalecerá a las instituciones educativas que sí cumplen con la ley y protege a los estudiantes de engaños”, enfatizó el líder de la bancada del PRI.
Finalmente, el diputado reiteró la importancia de garantizar la legalidad en el sector educativo privado, asegurando que todos los planes y programas de estudio cuenten con el RVOE vigente, con el fin de combatir prácticas abusivas y proteger el derecho a una educación legítima.
