Las grandes plataformas tecnológicas han convertido la moderación de contenidos en una forma silenciosa de control: no expulsan, pero sí invisibilizan. Así lo advierte Norberto Maldonado, experto en tecnología y presidente de la fundación Kooltivo, quien describe este fenómeno como una “cárcel digital”: usuarios que siguen dentro del sistema, pero sin posibilidad real de ser escuchados.
“Hoy no es necesario borrar una publicación para silenciar a alguien —explica—, basta con que un algoritmo limite su alcance o que una política ambigua la oculte. Es una prisión sin juicio: la gente sigue dentro, pero hablar ya no sirve”.
Maldonado señala que esta censura algorítmica opera en los márgenes donde los discursos no son ilegales, pero resultan “incómodos” para las plataformas. Publicaciones con metáforas, ironías o temas sensibles pueden ser “demoted”, marcadas con strikes o simplemente restringidas en visibilidad sin explicación.
El especialista advierte que el control de la conversación pública por parte de unas pocas compañías privadas genera falta de transparencia y sesgos ideológicos, ya que la mayoría de las decisiones se toman mediante sistemas automatizados.
Entre los conceptos clave que Maldonado destaca están:
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Cárcel digital: cuando una cuenta permanece activa, pero su alcance y visibilidad se reducen drásticamente.
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Shadow-ban o demoted reach: limitación oculta del alcance sin notificación alguna.
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Algospeak: lenguaje codificado que usan los usuarios para burlar filtros automáticos, aunque esto fragmenta el diálogo público.
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Funar: denuncia pública masiva que, combinada con sanciones de las plataformas, acelera el aislamiento digital de personas o colectivos.
Para Maldonado, esta censura moderna genera autocensura y uniformidad de pensamiento, especialmente entre los jóvenes que se informan casi exclusivamente en redes sociales.
Desde una visión liberal y pro tecnología, propone medidas para equilibrar la libertad de expresión con la moderación responsable:
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Auditorías algorítmicas públicas,
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obligación de las plataformas de justificar suspensiones o limitaciones,
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mecanismos de apelación accesibles, y
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mayor capacidad técnica del Estado para supervisar estos procesos.
“No pedimos menos tecnología, sino más transparencia”, concluye Maldonado. “Si no construimos contrapesos técnicos y democráticos, millones de usuarios quedarán atrapados en prisiones invisibles de silencio digital”.
