Tras más de 25 años de lucha legal y social, alrededor de 400 ejidatarios del estado reclaman a autoridades estatales, municipales y federales la indemnización por el uso ilegal de sus predios, que suman más de 8 mil 390 hectáreas. Entre estos terrenos se encuentra el Ejido Potrero Chico, fraccionado durante casi tres décadas en colonias y lotes urbanos por distintos gobiernos locales y estatales.
Francisco López Salinas, representante legal de los afectados, señaló que el Tribunal Agrario ha emitido varias sentencias que reconocen la existencia jurídica del Ejido y ordenan a las autoridades detener la venta de nuevos lotes, además de indemnizar por las áreas ya urbanizadas.
“Existe una mafia de bienes raíces que ha vendido terrenos de manera ilegal, recibiendo servicios de agua y luz para predios no urbanizables”, denunció.
Pese a las sentencias, la alcaldesa de Hidalgo, Adriana Margarita Garza, continúa entregando planos para nuevas viviendas, incumpliendo órdenes judiciales, señaló López Salinas. Ante esta situación, los ejidatarios solicitaron la intervención del Congreso local para que gestione ante el Gobierno del Estado y dependencias federales la ratificación de sus derechos y el pago de indemnizaciones.
Según estimaciones del mercado inmobiliario, la compensación por las más de 8 mil hectáreas podría superar los 100 mil millones de pesos. López Salinas agregó que más de 30 mil familias viven en incertidumbre, sin certeza jurídica sobre la propiedad de sus viviendas y negocios. Por su parte, el senador Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, se comprometió a gestionar con la Federación una solución a este conflicto histórico.
