Ante el incremento de tomas clandestinas y la venta ilegal de agua potable, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra el “aguachicoleo” en Nuevo León, con penas de hasta 10 años de cárcel.
La propuesta busca reformar el Código Penal del Estado para tipificar como delito equiparable al robo la sustracción ilegal del vital líquido, una práctica que —de acuerdo con datos de Agua y Drenaje de Monterrey— involucra más de 158 mil conexiones irregulares en la zona metropolitana.
Montalvo subrayó que el robo de agua representa una amenaza directa a la seguridad hídrica, especialmente tras la crisis de desabasto de 2022, al afectar el suministro, dañar la infraestructura y elevar los costos para quienes sí pagan el servicio.
La iniciativa contempla la creación del Artículo 365 Bis 2, que sancionaría tres conductas clave: extracción ilegal, manipulación de la red hidráulica y conexiones clandestinas.
Sanciones propuestas
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De 4 a 8 años de prisión por tomas ilegales o conexiones irregulares.
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De 6 a 10 años cuando exista lucro o comercialización masiva mediante pipas.
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Penas agravadas si hay daño a la infraestructura, afectación a comunidades o participación de servidores públicos, con destitución e inhabilitación.
La diputada aclaró que la reforma no criminaliza a familias en situación vulnerable, ya que contempla penas menores y acuerdos reparatorios cuando la toma sea por consumo doméstico y por primera vez.
“Lucrar con el agua de los nuevoleoneses no puede quedar impune. El acceso al agua es un derecho y protegerlo es una responsabilidad del Estado”, concluyó.
