La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el lunes 23 de febrero enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para eliminar privilegios en pensiones millonarias de exfuncionarios de alto nivel.
La mandataria precisó que la medida no afecta a trabajadores con contratos colectivos, sino a exfuncionarios de confianza cuyas pensiones rebasan la mitad del salario presidencial. La restricción aplicará también a beneficiarios por viudez.
Con la modificación al artículo 127 constitucional, el Gobierno federal estima un ahorro de cinco mil millones de pesos, recursos que se canalizarán a Programas para el Bienestar.
“Tiene que ver con pensiones sin privilegios. A partir de la aprobación, nadie podrá recibir más del 50% del ingreso de la persona titular del Ejecutivo”, subrayó Sheinbaum.
Al recordar el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, la presidenta indicó que altos mandos sí conservaron pensiones elevadas: 8,540 reciben más de 100 mil pesos mensuales; 603 superan los 200 mil y un caso rebasa un millón de pesos al mes.
Sheinbaum aclaró que la iniciativa no incluye a exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no haberse considerado en la reforma al Poder Judicial; sin embargo, adelantó que en la reforma electoral se propondrá que consejeros electorales no ganen más que la presidenta.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que 14,073 extrabajadores de LFC reciben más de 28 mil mdp anuales en pensiones; 67% percibe entre 100 mil y un millón de pesos al mes, además de subsidios parciales de ISR por 2,367 mdp al año.
En Petróleos Mexicanos, 22,316 jubilados concentran 24,844 mdp anuales; 544 cobran más que la presidenta, con un promedio 39 veces superior al nacional. En la Comisión Federal de Electricidad, 54,008 jubilados reciben 40,950 mdp al año; 2,199 superan el ingreso presidencial, lo que implica 4,496 mdp adicionales.
También se identifican casos similares en Nafin, Banobras y Bancomext.
La consejera jurídica Esthela Damián Peralta detalló que el proyecto establecerá que las pensiones de altos mandos de confianza no excedan el 50% del salario presidencial, salvo aquellas previstas en condiciones generales de trabajo, y aplicará a organismos descentralizados, empresas y fideicomisos públicos, así como a empresas con participación del Estado y banca de desarrollo.
