Con el objetivo de proteger el derecho a la educación y evitar que los créditos escolares afecten el futuro financiero de los jóvenes, la diputada Melisa Peña, integrante de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
La propuesta plantea adicionar el Artículo 20 Bis 1, con el fin de prohibir que los adeudos derivados de financiamientos educativos, tanto públicos como privados, sean registrados en el historial crediticio de estudiantes y egresados.
Peña advirtió que actualmente miles de jóvenes recurren a este tipo de préstamos con la intención de construir un mejor futuro, pero enfrentan dificultades para cumplir con los pagos debido a las condiciones económicas y la precarización laboral, lo que termina afectando su acceso a oportunidades.
“Al quedar marcados en el Buró de Crédito, se les cierran puertas para adquirir una vivienda, emprender un negocio o desarrollarse profesionalmente”, señaló.
La iniciativa establece la prohibición expresa de incluir deudas educativas en los registros crediticios, garantizando que el acceso a la educación no se convierta en un obstáculo financiero a largo plazo.
Además, contempla un plazo de 90 días naturales para que las instituciones financieras eliminen de sus bases de datos cualquier registro relacionado con créditos escolares.
Con esta reforma, se busca fortalecer la movilidad social y evitar que la educación represente una carga que limite el crecimiento económico de las nuevas generaciones.
