Un grupo de organizaciones ciudadanas, empresariales y académicas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer la confianza en la justicia, garantizar la independencia judicial y elevar los estándares de preparación de quienes aspiren a impartir justicia.
La propuesta surge ante el nuevo modelo que contempla la elección de personas juzgadoras por voto ciudadano en 2027, por lo que plantea reglas claras, criterios técnicos y garantías de imparcialidad en el proceso.
Durante la presentación, los promoventes destacaron que la reforma busca equilibrar la legitimidad democrática con la capacidad profesional, al subrayar que la justicia no debe depender de la popularidad, sino de la preparación, ética y responsabilidad.
La iniciativa se sustenta en dos ejes principales:
1. Perfiles técnicamente idóneos
Se propone una evaluación técnico-jurídica obligatoria, así como requisitos más estrictos para las candidaturas. Además, se plantean restricciones al financiamiento y a la intervención partidista en campañas judiciales.
2. Disciplina judicial independiente
Se contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial autónomo, con separación de funciones para garantizar el debido proceso y evitar abusos de poder.
Las organizaciones señalaron que una justicia confiable es clave para el Estado de derecho, la vida cotidiana y el desarrollo económico, ya que impacta desde casos familiares hasta la certeza jurídica para la inversión.
Entre los organismos que respaldan la propuesta se encuentran Consejo Cívico, COPARMEX Nuevo León, CAINTRA Nuevo León, así como instituciones académicas como el Tec de Monterrey, la Universidad de Monterrey y la Universidad Regiomontana, entre otras.
Los promoventes concluyeron que la iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana, pero con estándares que garanticen calidad, transparencia y profesionalismo en el sistema judicial.
