La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió un llamado urgente al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y a las autoridades competentes para reforzar de inmediato las medidas de prevención, supervisión y control en las obras de las nuevas líneas del Metro, ante los riesgos que podrían afectar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y condiciones de trabajo seguras y dignas.
El organismo advirtió que los hechos recientes reflejan una situación preocupante. El pasado 3 de mayo, un trabajador perdió la vida en las obras de la Línea 6 en Apodaca, sumándose a diversos incidentes registrados en los últimos años.
Entre los eventos documentados, se incluyen accidentes ocurridos entre 2023 y 2026, como la caída de un bloque de concreto de más de dos toneladas sobre un vehículo, un incendio en una torre de iluminación y el colapso de una plataforma en la Línea 4, que dejó personas lesionadas. Estos hechos, señaló la Comisión, evidencian un patrón de riesgo que no puede ser ignorado.
La presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, indicó que la reiteración de accidentes apunta a fallas en la supervisión y en la gestión de riesgos, subrayando que la aceleración de obras no justifica la omisión de medidas de seguridad.
La Comisión también destacó que, ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Nuevo León será sede, existe una mayor responsabilidad de garantizar que los proyectos se desarrollen bajo estándares estrictos de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, recordó precedentes internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde Amnistía Internacional documentó riesgos laborales vinculados a obras aceleradas.
Ante este panorama, la CEDHNL exhortó a Metrorrey a:
- Implementar mecanismos estrictos de supervisión y control en seguridad laboral
- Revisar y fortalecer protocolos de prevención de riesgos
- Supervisar a empresas contratistas
- Establecer medidas de no repetición
- Garantizar la reparación integral del daño a las víctimas
Finalmente, solicitó informar en un plazo no mayor a cinco días hábiles las acciones concretas que se implementarán, reiterando que el desarrollo de infraestructura no debe realizarse a costa de la vida, la seguridad y la dignidad de las personas.
