La colectiva feminista Iniciativa 360 Mujeres por México exigió al Congreso de Nuevo León dar respuesta al Expediente Legislativo 20027/LXXVII, una propuesta que busca garantizar una atención más humana, accesible y efectiva para las víctimas de violencia familiar y delitos sexuales por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Encabezadas por su presidenta fundadora, Claudia Guadalupe Lozano Torres, integrantes de la organización acudieron al Poder Legislativo para solicitar que se avance en el análisis y dictaminación de la iniciativa presentada el 13 de junio de 2025, la cual, aseguran, permanece sin una resolución definitiva.
La propuesta contempla reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y al Reglamento de la Plataforma Fiscalía en Línea, con el objetivo de fortalecer la atención presencial y especializada para víctimas de violencia familiar, violación, abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores y otros delitos que afectan a grupos vulnerables.
Entre los principales cambios planteados destacan la recepción obligatoria de denuncias por personal capacitado, preferentemente mujeres; el fortalecimiento de los Centros de Orientación y Denuncia en todos los municipios; la grabación de denuncias para brindar mayor transparencia; y campañas permanentes para fomentar la denuncia y combatir el estigma que enfrentan las víctimas.
Además, la iniciativa propone que la plataforma Fiscalía en Línea funcione únicamente como un mecanismo de reporte inicial y no sustituya la atención presencial en delitos considerados de alta sensibilidad.
Lozano Torres expresó preocupación por la falta de avances en el expediente y advirtió que miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes continúan enfrentando obstáculos para acceder a la justicia.
“Las iniciativas ciudadanas no pueden convertirse en documentos olvidados en un archivo legislativo. Detrás de cada propuesta existen víctimas reales y necesidades urgentes que merecen atención y respuesta”, señaló.
La organización reiteró que no se opone al uso de herramientas tecnológicas, pero sostuvo que los casos de violencia familiar y agresiones sexuales requieren acompañamiento humano, especializado y presencial debido a la complejidad de las investigaciones y a la necesidad de implementar medidas inmediatas de protección para las víctimas.
