La Virgen del Puente ya está ahí.
Una imagen monumental que forma parte de un proyecto impulsado por el Gobierno de Nuevo León y que ha generado una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué papel debe jugar la religión dentro de una obra construida con dinero público?
Aclaremos algo desde el principio: nadie está cuestionando la fe de los regiomontanos, ni el derecho de un gobernador, funcionario o ciudadano a ser católico, creyente o practicante de cualquier religión.
El problema comienza cuando la fe personal se mezcla con las decisiones del Estado y con el dinero de todos.
Se ha hablado de una inversión cercana a 500 millones de pesos para el conjunto de la obra y el embellecimiento de su entorno. Pero una pregunta permanece sobre la mesa: ¿cuánto costó específicamente la monumental imagen de la Virgen de Guadalupe, quién la pagó y bajo qué concepto presupuestal?
Y hay un detalle que no ha pasado desapercibido.
La escultura representa a una Virgen embarazada.
Y, por una de esas coincidencias que inevitablemente generan comentarios, Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, también se encuentra embarazada.
¿Existe alguna relación entre ambas cosas?
No hay elementos para afirmarlo.
Pero en política, las coincidencias también generan preguntas, particularmente cuando ocurren alrededor de una obra pública financiada con recursos de los ciudadanos.
Porque México es un Estado laico.
Y ser un Estado laico no significa ser un Estado enemigo de la religión. Significa algo mucho más sencillo: el gobierno no tiene religión.
Un ciudadano puede venerar a la Virgen. Una familia puede tenerla en su casa. Una iglesia puede construirle un altar. Una asociación religiosa puede promover su culto conforme a la ley.
Pero cuando aparece una autoridad pública utilizando recursos públicos para instalar una representación religiosa en una obra gubernamental, entonces surge una discusión legítima sobre los límites entre la libertad religiosa y la neutralidad del Estado.
Y aquí está la pregunta que las autoridades deberían responder con absoluta transparencia:
¿La Virgen fue financiada con dinero público?
Si la respuesta es sí, queremos saber cuánto costó, quién autorizó el gasto y cuál fue la justificación legal, presupuestal, cultural o turística para hacerlo.
Porque si se trata de una obra urbana, que se explique como obra urbana.
Si se trata de un atractivo turístico, que se demuestre su impacto turístico.
Si se trata de patrimonio cultural, que se documente su valor cultural.
Pero si se utilizó dinero público para promover una creencia religiosa, entonces estaríamos ante un asunto completamente diferente.
Y aquí tampoco se trata de juzgar el embarazo de Mariana Rodríguez, ni de cuestionar una creencia religiosa.
Se trata de separar las coincidencias de los hechos y los hechos de las responsabilidades públicas.
La discusión no es contra la Virgen.
La discusión es por la laicidad, la transparencia y el uso del dinero de todos.
Porque en un Estado laico, hasta las preguntas incómodas deben tener respuesta.
Y esta, por ahora, sigue pendiente:
¿Quién pagó la Virgen?
