La coordinadora de Movimiento Ciudadano presentó cinco carpetas ante el Congreso de Nuevo León y afirmó que las fiscalías determinaron el No Ejercicio de la Acción Penal en los hechos relacionados con el procedimiento.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión Anticorrupción, Sandra Pámanes, presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León cinco carpetas de investigación realizadas por la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que sean incorporadas al expediente legislativo y se deje sin efectos el juicio político contra el gobernador Samuel García.
Pámanes sostuvo que las investigaciones realizadas por las autoridades competentes concluyeron con determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal respecto de hechos que también forman parte del expediente legislativo.
De acuerdo con las documentales entregadas por la legisladora, las investigaciones determinaron que no existió una supuesta triangulación de recursos ni daño patrimonial a la Hacienda estatal, además de que no se acreditó la comisión de algún delito por parte del Gobernador.
“Lo que nosotros estamos solicitando es que esta acción por parte de la Comisión Anticorrupción quede sin efecto. La Fiscalía Especializada y también la Fiscalía Estatal han hecho ya una investigación y han dictado el inejercicio de acción penal en cada uno de los hechos denunciados”, sostuvo Pámanes.
Pide valorar investigaciones de las fiscalías
La legisladora señaló que la información entregada debe ser considerada por la Comisión Anticorrupción, al tratarse de investigaciones realizadas por las instituciones facultadas para indagar posibles delitos.
Pámanes recordó que la Comisión legislativa no cuenta con facultades para realizar investigaciones penales, por lo que debe actuar dentro de sus atribuciones y valorar la información presentada.
El documento entregado ante el Congreso señala que las facultades de investigación de delitos corresponden al Ministerio Público.
La diputada también cuestionó que, dentro de las solicitudes de información realizadas por la Comisión Anticorrupción, no se haya requerido información a la Fiscalía General del Estado ni a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pese a que ambas instituciones ya habían investigado los hechos relacionados con el procedimiento.
“Curiosamente, la Comisión Anticorrupción nunca requirió información ni de la Fiscalía Estatal ni tampoco de la Fiscalía Anticorrupción. Son los dos entes que están facultados para hacer investigaciones y que tendrían todos los elementos para poder decirle a los integrantes de la Comisión que no hay elementos de prueba ni tampoco actos que pudieran derivar en una sanción al Gobernador del Estado”, afirmó.
Advierte posibles implicaciones jurídicas
Pámanes consideró que continuar con un procedimiento sustentado en hechos que ya fueron materia de determinaciones firmes podría vulnerar principios como la seguridad jurídica y el non bis in idem.
El escrito presentado ante el Congreso advierte que insistir en reexaminar hechos previamente resueltos podría incluso generar responsabilidades para quienes integran la Comisión Anticorrupción.
Asimismo, la coordinadora de Movimiento Ciudadano criticó que el procedimiento se haya impulsado, según su postura, sin contar con elementos probatorios suficientes.
Consideró que las determinaciones de las autoridades ministeriales deben ser valoradas antes de continuar con un juicio político relacionado con los mismos hechos.
El documento señala que el procedimiento legislativo fue admitido sin contar con prueba alguna y que se tomó como referencia una nota periodística que, de acuerdo con Pámanes, ya fue abordada dentro de las investigaciones realizadas por las fiscalías.
