El Gobierno de Monterrey presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra quien o quienes resulten responsables por la presunta retención ilegal de recursos que corresponderían al municipio.
Índice
De acuerdo con la administración encabezada por Adrián de la Garza, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General y el Instituto de Control Vehicular (ICV), mantiene retenidos recursos municipales por un monto de 313.5 millones de pesos.
El Municipio señaló que los recursos corresponden al Fondo de Desarrollo Municipal, fondos y aportaciones estatales, así como al convenio de coordinación con el ICV por multas de tránsito municipales cobradas por el organismo estatal.
Monterrey acusa afectaciones a servicios y obras
El Gobierno municipal sostuvo que no se están solicitando recursos extraordinarios, sino el cumplimiento de las disposiciones legales para que los fondos sean entregados a Monterrey.
Advirtió que la falta de estos recursos afecta directamente la capacidad del municipio para realizar inversiones en seguridad, servicios públicos, infraestructura y otras áreas de competencia municipal.
La administración municipal recordó que el pasado 13 de julio alcaldes y alcaldesas entregaron un escrito al gobernador Samuel García para solicitar la liberación de los recursos, sin que, aseguró, hayan recibido respuesta.
Por ello, Monterrey afirmó que continuará con las acciones legales necesarias para reclamar los recursos que considera pertenecientes a las y los regiomontanos.
Gobierno de Nuevo León rechaza que exista adeudo
En respuesta, el Gobierno de Nuevo León aseguró que, tras revisar la información de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Control Vehicular, no existe ningún adeudo con el Municipio de Monterrey.
La administración estatal calificó como falsas las acusaciones del alcalde y señaló que las transferencias a los municipios se realizan correctamente.
También sostuvo que los recursos entregados a los municipios son publicados trimestralmente y pueden ser consultados por la ciudadanía. Además, hizo referencia a informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los que, afirmó, no se detectaron irregularidades en las transferencias.
El Estado señaló, por otra parte, que Monterrey mantiene un adeudo de 9.3 millones de pesos relacionado con pruebas de confianza.
Estado ofrece mesa de trabajo
El Gobierno estatal manifestó su disposición para establecer mesas de trabajo con el Municipio de Monterrey con el objetivo de explicar los conceptos y resolver las dudas que pudieran existir.
Asimismo, cuestionó que la administración municipal haya recurrido a la Fiscalía Anticorrupción para reclamar recursos que, según su postura, no se adeudan, al considerar que esta acción podría utilizarse como una forma de presión política.
La disputa entre ambas administraciones queda ahora en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que deberá determinar si existen elementos para investigar las acusaciones realizadas por el Municipio.
