Ante el riesgo de que familias de Nuevo León pierdan sus viviendas por fraudes inmobiliarios o despojos, la diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó tres iniciativas para fortalecer la protección del patrimonio y agilizar los procedimientos legales.
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Las propuestas buscan brindar mayor certeza jurídica tanto a propietarios que buscan recuperar su vivienda como a compradores que descubren, incluso años después, que fueron víctimas de algún fraude inmobiliario.
Proponen aumentar penas por fraude inmobiliario
Una de las iniciativas plantea reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León para incrementar en 50 por ciento la pena máxima de prisión por fraude inmobiliario.
De aprobarse, la sanción pasaría de 12 a 18 años de prisión y también contemplaría a quienes vendan un inmueble sin contar legalmente con los derechos para hacerlo.
Buscan agilizar información registral
La segunda propuesta contempla modificaciones a la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, con el objetivo de acelerar la entrega de información requerida por jueces y fiscalías.
La iniciativa establece un plazo máximo de tres días hábiles para responder estas solicitudes, con lo que, de acuerdo con la diputada, un procedimiento que actualmente puede extenderse hasta un año podría reducirse hasta en dos meses.
Plantean restitución provisional de viviendas
La tercera iniciativa propone modificar el Código de Procedimientos Penales para que las víctimas puedan solicitar ante un juez de control la restitución provisional de su vivienda desde la etapa de investigación inicial, siempre que puedan acreditar la propiedad del inmueble.
En casos de despojo, la propuesta contempla que, una vez acreditada la propiedad, las personas afectadas puedan regresar provisionalmente a su domicilio en un plazo máximo de 15 días, mientras continúa el proceso judicial.
Marisol González señaló que las medidas buscan evitar que las personas intenten recuperar sus propiedades por cuenta propia y terminen enfrentando consecuencias legales.
La diputada afirmó que ha recibido casos relacionados con remates de viviendas a precios muy bajos, fraudes inmobiliarios y préstamos de casas que posteriormente no son devueltas, una problemática que, dijo, también se presenta en otros municipios de Nuevo León.
