La diputada de Movimiento Ciudadano, Brenda Velázquez, propuso reformar la Constitución estatal para que los vehículos y otros bienes adquiridos o arrendados con recursos públicos tengan identificación institucional visible.
Con la mira puesta en prevenir el uso personal o político-electoral de vehículos oficiales, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Brenda Velázquez Valdez, presentó una iniciativa para obligar a las dependencias públicas de Nuevo León a identificar los bienes muebles adquiridos o arrendados con recursos públicos.
La propuesta plantea reformar el artículo 191 de la Constitución Política del Estado para que los Poderes estatales, los municipios y los organismos constitucionalmente autónomos coloquen la imagen institucional correspondiente en sus vehículos y demás bienes oficiales, salvo las excepciones que establezca la ley.
La legisladora argumentó que actualmente no existe una obligación constitucional general que garantice esta identificación visible, lo que dificulta que la ciudadanía reconozca los bienes públicos y detecte posibles irregularidades en su utilización.
Alertan por posible uso electoral rumbo a 2027
Ante la cercanía del proceso electoral de 2027, Velázquez Valdez destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana para evitar que vehículos gubernamentales, incluidos los arrendados, sean utilizados con fines personales o político-electorales.
La diputada sostuvo que los bienes adquiridos con dinero público deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones institucionales.
De acuerdo con la exposición de motivos, contar con identificaciones visibles permitiría a la población reconocer los vehículos y otros bienes oficiales cuando se encuentren fuera de las instalaciones gubernamentales, además de facilitar la detección y denuncia de posibles usos indebidos.
La iniciativa también señala que la identificación de estos recursos ayudaría a inhibir su utilización para fines ajenos al servicio público y proporcionaría elementos objetivos para que los órganos internos de control investiguen posibles irregularidades.
Proponen plazos para identificar los bienes públicos
La reforma contempla que los entes públicos cuenten con 90 días naturales para emitir los lineamientos técnicos correspondientes y con un plazo de 180 días naturales para adecuar sus bienes a las nuevas disposiciones.
De aprobarse, la identificación de vehículos y demás bienes oficiales dejaría de depender únicamente de decisiones administrativas para convertirse en una obligación constitucional.
Con esta medida, la legisladora busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, particularmente ante los riesgos de que sean utilizados con fines distintos a los establecidos por las instituciones.
