La dirigente de Movimiento Ciudadano en Allende, Martha Rodríguez Flores, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León por presuntas irregularidades en la subasta y venta de un terreno propiedad del municipio. La querella señala al alcalde Eduardo Leal Buenfil y a quien o quienes resulten responsables.
El predio, de más de 7 mil 500 metros cuadrados, se encuentra en el parque industrial Ciudad Camión Industrial Park y fue puesto a la venta con una postura legal de 13.4 millones de pesos.
Cuestionan adjudicación de terreno en Allende
Acompañada por integrantes de la Bancada Naranja, Rodríguez Flores señaló que el inmueble habría sido adjudicado por aproximadamente 17.5 millones de pesos a José Heriberto Tamez Leal, en representación de Édgar Salazar Salinas.
La denuncia también plantea una presunta relación cercana entre el comprador y el alcalde, además de cuestionamientos sobre la difusión de la convocatoria, el número de participantes y el avalúo utilizado para establecer el valor del terreno.
Otro de los puntos señalados es el destino de los recursos obtenidos por la operación, así como la inconformidad manifestada por integrantes del propio Ayuntamiento.
“Nosotros estamos solicitando que se nos muestre el proceso, que sea legal, que sea adecuado y pues que haya transparencia. Queremos saber cómo se ejecutó la venta, qué destino va a tener el recurso que se adquirió con dicha venta”, expresó la dirigente municipal.
Movimiento Ciudadano pide investigar la operación
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, Baltazar Martínez, explicó que el acompañamiento busca que las autoridades revisen el procedimiento y esclarezcan las condiciones en que se realizó la venta.
La denunciante también solicitó el aseguramiento preventivo del predio y la revisión de los recursos ingresados a la Tesorería Municipal.
Entre los posibles delitos que pidió investigar se encuentran ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
Las acusaciones forman parte de la denuncia presentada y corresponderá a las autoridades determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.
