Para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes que dependen de una pensión alimenticia, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil para el Estado de Nuevo León que permitirá, en casos excepcionales y bajo autorización judicial, el embargo parcial de recursos de las cuentas de ahorro para el retiro de deudores alimentarios incumplidos.
La reforma, impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, incorpora el artículo 322 Bis al Código Civil estatal para establecer que un juez podrá autorizar la disposición de hasta el 10 por ciento de la cuenta individual de ahorro para el retiro cuando el deudor alimentario se encuentre desempleado, no cuente con ingresos suficientes y haya incumplido con su obligación alimentaria.
La legisladora destacó que esta herramienta legal busca garantizar el interés superior de la niñez y brindar mayores mecanismos de protección para quienes dependen de una pensión alimenticia para su desarrollo y bienestar.
“Las pensiones alimenticias representan un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes. Con esta reforma fortalecemos los instrumentos legales para asegurar que quienes tienen derecho a recibir estos recursos no queden desprotegidos ante el incumplimiento de una obligación alimentaria”, señaló.
La disposición establece que antes de recurrir a los recursos destinados al retiro deberá acreditarse que el deudor carece de empleo o de ingresos suficientes para cubrir la obligación alimentaria.
Asimismo, se dará prioridad a las aportaciones voluntarias existentes en la cuenta individual y solamente cuando éstas sean insuficientes podrá considerarse el uso de otros recursos contemplados en la cuenta de ahorro para el retiro.
Además, la reforma fija límites claros para proteger el patrimonio del trabajador, al establecer que el monto susceptible de embargo no podrá exceder el equivalente a 65 días de salario mínimo vigente ni el 10 por ciento del saldo total de la cuenta individual, aplicándose siempre el monto menor.
“Con esta acción se fortalece la protección de los derechos de la niñez y contribuye a garantizar que las obligaciones alimentarias se cumplan de manera efectiva, privilegiando en todo momento el bienestar de las niñas, niños y adolescentes”, concluyó.
