Al cumplirse este lunes cuatro años de la muerte del niño Ángel Moreno en las instalaciones del DIF Fabriles, Cecilia Robledo Suárez, diputada del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con esta propuesta se busca que las y los menores de edad cuenten con medidas que resguarden su seguridad integral, así como dar seguimiento a su integración a la vida adulta, con el objetivo de favorecer su autonomía, inclusión social y pleno ejercicio de derechos.
Las modificaciones planteadas fueron denominadas “Ley Ángel”, en honor a Ángel Moreno, y tienen como finalidad fortalecer la supervisión institucional, elevar los estándares de cuidado, garantizar atención médica y alimentación adecuada, proteger la información de niñas, niños y adolescentes, así como abrir canales reales de participación para que puedan ser escuchados dentro de las instituciones que los resguardan.
Al hacer uso de la Tribuna, Robledo Suárez recordó que Ángel Moreno ingresó al sistema de protección siendo apenas un niño, y que durante más de diez años vivió bajo el resguardo de instituciones públicas.
“No estaba solo, no estaba abandonado; estaba bajo la custodia directa del Estado, que tenía la obligación de cuidarlo”, subrayó.“La muerte ocurrió en un lugar que debía ser seguro, y con el paso del tiempo quedó claro que no sólo hubo fallas en el cuidado, sino una ausencia grave de mecanismos eficaces para proteger, supervisar y responder oportunamente ante una situación crítica”, expresó.
Asimismo, destacó que las autoridades determinaron que su fallecimiento no fue una muerte natural, y que organismos de derechos humanos acreditaron violaciones a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad, a una vida libre de violencia y al interés superior de la niñez.
Robledo Suárez señaló que, a pesar de las resoluciones existentes, persisten pendientes que duelen y no pueden ignorarse, como conocer la verdad completa, lograr la reparación del daño y garantizar que hechos como este no se repitan.
“Cuando el Estado falla en su deber de cuidado, no puede haber indiferencia ni silencio. Tenemos la obligación de revisar qué salió mal y, sobre todo, de corregirlo con responsabilidad”, enfatizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Familia y Derechos de la Primera Infancia, Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictamen.
