En el marco del Día del Abogado, el Colegio de Abogados de Nuevo León anunció que integrará una iniciativa de reforma al Poder Judicial estatal, con una visión innovadora y adecuada a las necesidades locales, en coordinación con universidades y profesionales del Derecho.
Durante el evento conmemorativo, el presidente del Colegio, David Rodríguez Calderón, destacó que los cambios estructurales que se plantean para renovar al Poder Judicial deben ser construidos desde la experiencia y el conocimiento académico, sin replicar mecánicamente modelos federales o de otras entidades.
“Estamos convencidos de que las abogadas y abogados, los investigadores del Derecho y los catedráticos tenemos la capacidad para integrar iniciativas de leyes que permitan dar el sustento orgánico para reformar el Poder Judicial estatal, con una visión acorde a nuestra realidad”, expresó Rodríguez Calderón.
La propuesta surge a partir de la iniciativa del gobernador Samuel García para democratizar la designación de jueces y magistrados mediante el voto popular, como lo establece la Constitución Mexicana a partir del año 2027.
En este sentido, el Colegio de Abogados —en alianza con catedráticos e investigadores de universidades públicas y privadas— elaborará una propuesta legislativa que será presentada ante el Congreso local, con el objetivo de asegurar un proceso de transformación judicial con legitimidad social, técnica y jurídica.
“Planearemos a los diputados nuestra propia iniciativa, en la que aprovechemos los aciertos de otros estados y mejoremos los puntos esenciales de esos cambios, en beneficio de todos”, añadió Rodríguez.
Por su parte, Mario Alberto Garza Castillo, secretario general de la UANL, aseguró que el ámbito académico estará a disposición para construir el mejor proyecto posible:
“Desde la formación de nuevas generaciones de abogados, la academia y la investigación contribuirán a lograr un Poder Judicial con más sentido y valores”, indicó.
En la ceremonia participaron como invitados de honor el gobernador del estado, miembros del gabinete estatal, diputados locales, alcaldes y rectores de instituciones de educación superior, quienes respaldaron el esfuerzo conjunto para concretar una reforma judicial moderna, democrática y eficiente.