El Congreso del Estado avaló los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, tras un proceso legislativo de varios meses coordinado por la Comisión de Presupuesto, encabezada por la diputada Lorena de la Garza, quien defendió un enfoque de disciplina financiera, respaldo a los municipios y protección a la economía local.
Entre las decisiones más relevantes, el Pleno desechó la propuesta del Ejecutivo de incrementar el Impuesto Sobre Nómina, al considerar que el alza tendría un impacto negativo en la generación de empleo. También se eliminaron aumentos previstos en diversos derechos y servicios que afectaban directamente a micro y pequeños negocios, y se descartó la contratación de nueva deuda ante la falta de información técnica suficiente para justificarla.
Asimismo, las y los legisladores rechazaron modificaciones al Código Fiscal del Estado promovidas por el Ejecutivo, al estimar que otorgaban atribuciones excesivas a la autoridad hacendaria, lo que podría derivar en actos discrecionales contra contribuyentes.
El presupuesto aprobado contempla ingresos superiores a los 160 mil millones de pesos, la cifra más alta registrada en la entidad, e incorpora ajustes a la Ley de Coordinación Hacendaria para dotar a los municipios de mayores recursos destinados a seguridad, servicios públicos y obra social.
No obstante, Lorena de la Garza advirtió que existe el riesgo de que Nuevo León arranque 2026 sin un presupuesto actualizado, debido a una posible omisión del Ejecutivo estatal para publicar lo aprobado en el Periódico Oficial, lo que derivaría en la aplicación de la figura de tácita reconducción presupuestal.
La legisladora señaló que esta situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política que genera incertidumbre financiera y jurídica para el estado. En ese sentido, informó que el Congreso analiza acciones legales para garantizar que se cumpla con la publicación correspondiente.
Finalmente, De la Garza subrayó que el presupuesto pertenece a la ciudadanía y no a intereses políticos, y que impedir su entrada en vigor afecta directamente a las familias de Nuevo León y a la estabilidad institucional de la entidad.
