La propuesta de implementar la CURP biométrica en México, incluida dentro de la Reforma Electoral, ha desatado un intenso debate que trasciende lo técnico para instalarse en el terreno político y social. Mientras el gobierno federal asegura que será una herramienta para agilizar trámites y apoyar en la búsqueda de personas, especialistas y colectivos advierten que podría convertirse en una infraestructura de vigilancia masiva.
De acuerdo con la hoja de ruta oficial, la CURP biométrica podrá tramitarse de manera opcional en octubre de 2025. No obstante, el plan contempla su emisión generalizada en enero de 2026 y la obligatoriedad un mes después, lo que ha generado cuestionamientos sobre el verdadero carácter “voluntario” de la medida.
El especialista en ciberseguridad Norberto Maldonado explicó que la biometría sí puede ofrecer beneficios, como acelerar verificaciones o mejorar la atención a víctimas, pero subrayó que estos dependen del diseño institucional y de la existencia de controles claros.
“Sin límites definidos y sin supervisión independiente, la biometría se convierte en una puerta a abusos. La obligatoriedad y la centralización de datos son dos líneas rojas”, advirtió.
Entre las preocupaciones destacan:
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Acceso amplio a datos personales por parte de instancias gubernamentales sin contrapesos judiciales.
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Posible debilitamiento del INAI y ausencia de auditorías externas.
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Riesgos de filtración o suplantación de identidad al concentrar credenciales y biométricos en una sola plataforma.
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Exclusión digital de sectores vulnerables.
Más de un centenar de colectivos, incluidos familiares de personas desaparecidas, han rechazado la medida al considerar que no resuelve las causas estructurales de la crisis forense y de búsqueda. Señalan que la prioridad debería ser fortalecer a las instituciones existentes, no sustituirlas por un sistema tecnológico centralizado.
Desde el gobierno se asegura que la ley establece sanciones ante un uso indebido de los datos. Sin embargo, especialistas como Maldonado insisten en la necesidad de mecanismos tangibles de protección, como:
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Auditorías externas e independientes.
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Límites estrictos al acceso de fuerzas de seguridad.
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Retención mínima de datos.
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Evaluación de impacto en derechos humanos.
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Rutas alternativas para quienes no deseen entregar datos biométricos.
El debate, coinciden analistas, no debería centrarse únicamente en la innovación tecnológica, sino en cómo garantizar derechos y confianza ciudadana.
“En un país con antecedentes de espionaje, vulneraciones y un incremento del 65% en ataques de ransomware, la discusión debe girar en torno a transparencia, información y salvaguardas institucionales”, concluyó Maldonado.
