El alcalde de San Nicolás de los Garza, Daniel Carrillo Martínez, presentó una segunda denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL), por la presunta retención de recursos correspondientes a multas de tránsito.
La denuncia se presenta como una acción complementaria a la demanda interpuesta previamente por el Gobierno de San Nicolás contra el Estado por la retención de recursos que corresponden al municipio.
ICVNL argumenta falta de convenio
De acuerdo con la querella, el Instituto de Control Vehicular respondió a la primera denuncia señalando que durante 2026 no se había celebrado un convenio con el municipio, por lo que, bajo ese argumento, no habría sido posible entregar los recursos derivados de las multas.
“Me permito informarle que durante el ejercicio 2026 no se ha celebrado o formalizado convenio alguno con las características, con el municipio señalado”, señala la respuesta del coordinador jurídico del ICVNL.
Sin embargo, Carrillo sostuvo que el Instituto continúa cobrando las multas de tránsito, cuyos recursos, de acuerdo con el alcalde, corresponden en un 20 por ciento al Estado y 80 por ciento al municipio.
El edil afirmó que San Nicolás no ha recibido los recursos correspondientes desde el 1 de enero de 2026 y señaló que actualmente el adeudo supera los 30 millones de pesos.
“Primero se confirma la ilegalidad, se están jineteando el recurso y esto vía la respuesta de Control Vehicular. (…) nos sirven como evidencia para que hoy haya una denuncia penal”, declaró Carrillo.
La denuncia busca que la Fiscalía determine las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados en la retención de los recursos.
Daniel Carrillo anuncia iniciativa para eliminar el refrendo vehicular
Durante la misma jornada, el alcalde de San Nicolás adelantó que presentará ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa para derogar el cobro del refrendo vehicular en la entidad.
Carrillo argumentó que se trata de un impuesto que no representa, desde su perspectiva, un beneficio directo para la ciudadanía y afirmó que el refrendo de Nuevo León es el más caro del país.
El presidente municipal señaló que el pago anual representa para numerosos ciudadanos un costo incluso superior al impuesto predial, sin que exista un beneficio directo asociado al cumplimiento de esta obligación.
La iniciativa sería presentada ante el Congreso local la próxima semana y, de acuerdo con el alcalde, busca contribuir a la economía de las familias de Nuevo León y cuestionar el destino de los recursos obtenidos mediante este cobro.
