En apoyo a grupos vulnerables, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente al Congreso del Estado de Nuevo León que se establezcan medidas de protección para defensores de Derechos Humanos, quienes han sido víctimas de agresiones, amenazas y hostigamiento derivado de su labor social.
La petición fue presentada en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo por Jorge J. Cavazos Manrique, Ministro de Derechos Humanos, a través de la Dirección Federal de Procesos, quien denunció la existencia de redes de corrupción y contubernio integradas por autoridades, agentes inmobiliarios, abogados y notarios públicos, presuntamente involucrados en el despojo ilegal de propiedades.
Cavazos acudió acompañado del activista Patricio Zambrano y de un grupo de comisionados federales de la CIDH, quienes expusieron ante los legisladores que decenas de familias en Nuevo León han sido despojadas de sus bienes, principalmente por no contar con recursos económicos para concluir procesos de escrituración.
En la denuncia entregada al Congreso local se señala el abuso de autoridad por parte de fiscalías presuntamente corruptas, en coordinación con agentes inmobiliarios y despachos jurídicos, quienes —a cambio de sumas de dinero— fabrican juicios irregulares para apropiarse de predios urbanos y ejidales.
Presidentes municipales inmiscuidos
Asimismo, se advierte que algunos presidentes municipales proporcionan información sobre el estatus legal de terrenos, lo que derivaría en la creación de “juicios fantasmas”, con la participación de notarios que permiten la falsificación de firmas para desalojar por la fuerza pública a ejidatarios y posesionarios de lotes baldíos.
“Se aprovechan de que las personas agraviadas carecen de recursos económicos para defenderse. Estos actos se repiten en municipios del área metropolitana y zonas aledañas como Pesquería y Santiago”, señaló Cavazos, quien citó como ejemplo recurrente el Ejido San Nicolás.
De acuerdo con la CIDH, más de 300 comisionados de Derechos Humanos han sido amenazados por fiscales, agentes inmobiliarios y autoridades municipales como consecuencia de su labor en defensa de las víctimas de despojo.
Pese a ello, los defensores afirmaron que continuarán con su labor, destacando que gracias a las pruebas documentales y recomendaciones emitidas, se ha logrado el retiro de la patente a más de una decena de notarios públicos señalados por actos de corrupción en Nuevo León.
Finalmente, los defensores de Derechos Humanos, junto con Patricio Zambrano, exigieron al Congreso del Estado que intervenga de manera urgente para garantizar su seguridad, y solicitaron al Gobierno estatal la implementación de garantías de protección que les permitan continuar con su actividad altruista en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.
