Empresarios y autoridades estatales proponen aumentar penas por abuso de autoridad y cohecho, incluir inhabilitaciones y crear mesas de trabajo permanentes para atender denuncias y prevenir irregularidades.

A partir de quejas y exigencias de organismos empresariales de Nuevo León, el Gobierno estatal presentó ante el Congreso una iniciativa para endurecer las sanciones contra el abuso de autoridad y el cohecho, con el objetivo de frenar prácticas que afectan directamente la operación de las empresas, especialmente en el ámbito municipal.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, informó que la propuesta surge tras reuniones con representantes de distintas cámaras empresariales, quienes han denunciado irregularidades, principalmente en actuaciones de tránsito y otras autoridades.

“Es una iniciativa que nace de lo que hemos escuchado de las cámaras. No podemos permitir este tipo de abusos; vamos a meternos de tajo”, señaló el funcionario tras sostener un encuentro con empresarios en Palacio de Gobierno, previo a su visita al Congreso local.

La iniciativa plantea elevar hasta 9 años de prisión las sanciones por abuso de autoridad, duplicar las multas y añadir la destitución del cargo, así como la inhabilitación hasta por 13 años. En el caso del cohecho, se propone aumentar la pena a 14 años de prisión, incluyendo también la separación del puesto e inhabilitación, mientras que en casos de reincidencia la sanción podría alcanzar hasta 21 años de cárcel.

Dará certeza jurídica

Desde la perspectiva del sector empresarial, estas medidas responden a una demanda reiterada de mayor certeza jurídica y un alto a prácticas discrecionales que impactan la actividad económica. Los organismos coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos más claros de supervisión y sanción, sin importar el nivel de gobierno involucrado.

Flores subrayó que, además de la iniciativa, se acordó la instalación de una mesa de trabajo permanente con participación de autoridades estatales, municipales, federales y representantes de cámaras empresariales. Este espacio sesionará de manera mensual y contará con un canal directo para atender denuncias en tiempo real.

“Lo que buscan las cámaras es que no exista ningún tipo de abuso. Vamos a mantener una comunicación continua para aclarar cualquier duda y asegurar que todo se haga dentro del marco de la legalidad”, explicó.

El funcionario destacó que el enfoque no será señalar a autoridades específicas, sino generar soluciones inmediatas a problemáticas que afectan a los empresarios. Asimismo, aseguró que todos los casos serán analizados conforme a derecho, evitando tanto abusos como posibles intentos de politización.

Empresarios presentes en las mesas de trabajo, añadió, manifestaron disposición y apertura al diálogo, así como expectativas positivas ante las medidas planteadas por el Gobierno estatal.

Finalmente, Flores vinculó esta estrategia con el fortalecimiento de la seguridad en la entidad, al señalar que la prevención del delito será clave para mantener la tendencia a la baja en indicadores de alto impacto y generar un entorno más confiable para la inversión y el desarrollo económico.