El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y corrupción, ha acusado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. A través de una carta escrita desde prisión, García Luna asegura que el gobierno de López Obrador ha mantenido relaciones con grupos del crimen organizado y que sus acusaciones forman parte de una estrategia política para desviar la atención de los problemas que enfrenta su administración.
En su misiva, García Luna señala que las investigaciones en su contra han sido manipuladas con fines políticos, argumentando que el actual gobierno busca mantener control sobre la narrativa pública, minimizando las acciones del crimen organizado durante su mandato.
Parte de la carta de García Luna
“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al Presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico.
“Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual Gobierno con él y el narcotráfico”.
“En febrero de 2023 fui a juicio, como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalan, esencialmente, delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro de narcotráfico o su familia, como lo señala el Gobierno de México”.
“De igual forma, en México, un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después del juicio, que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales a mi patrimonio previo al 2012 y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito y que no hay un solo peso dólar vinculado al narcotráfico”.
