Con el objetivo de garantizar el bienestar de niñas y niños y cerrar espacios de impunidad, la diputada del PAN Itzel Castillo Almanza presentó cinco iniciativas de reforma para reforzar las obligaciones de quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia.
La también presidenta de la Congreso del Estado de Nuevo León explicó que las propuestas buscan establecer restricciones claras en distintos trámites y cargos públicos para personas inscritas en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, salvo que acrediten haber cubierto totalmente sus adeudos.
Entre los cambios planteados destaca la Ley del Notariado, donde se propone que los deudores alimentarios morosos no puedan realizar operaciones de compraventa de inmuebles ni transmitir derechos reales, a menos que demuestren estar al corriente con sus obligaciones.
Asimismo, se impulsan reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para impedir que personas con adeudos alimentarios puedan aspirar a cargos como jueces menores o de primera instancia, reforzando así el principio de responsabilidad familiar dentro del sistema judicial.
Otra parte central de las iniciativas contempla ajustes a la Ley que Crea el Instituto de Control Vehicular y a la Ley que Regula la Expedición de Licencias, con el fin de que los deudores alimentarios no puedan tramitar o renovar su licencia de conducir mientras no cumplan con el pago de pensiones.
Castillo Almanza subrayó que estas acciones van más allá del aspecto económico, al señalar que el abandono alimentario deja secuelas emocionales profundas en la infancia.
“El incumplimiento no solo afecta el bolsillo, también envía un mensaje devastador a hijas e hijos: que su bienestar no es prioridad”, enfatizó.
La legisladora agregó que estas reformas también buscan visibilizar la carga desproporcionada que enfrentan muchas madres, quienes asumen jornadas extensas de cuidados no remunerados, mientras los deudores mantienen una solvencia que se niegan a compartir.
Con este paquete de iniciativas, Nuevo León avanza hacia un marco legal más estricto y justo, enfocado en poner en el centro los derechos de la niñez y la corresponsabilidad familiar.
