¿Te han detenido en un retén sin que te expliquen por qué? Una nueva iniciativa busca cambiar las reglas para los puntos de revisión policial y vial en Nuevo León, ante el creciente reclamo ciudadano por presuntos abusos de autoridad.
El notario público 56, Sergio Gil, acudió este miércoles a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para presentar una propuesta de reformas que ya es conocida como la “Ley Hartazgo”, con la que pretende establecer reglas claras para la instalación y operación de retenes.
La iniciativa contempla modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado, la Ley de Movilidad y la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, con el objetivo de definir qué autoridad puede ordenar un punto de revisión y bajo qué circunstancias.
Gil explicó que la propuesta busca que los ciudadanos tengan certeza de que cualquier inspección cuenta con una justificación legal y que los elementos policiacos estén plenamente identificados.
Entre las obligaciones que plantea se encuentran que el oficial porte correctamente su uniforme e identificación, proporcione su nombre o número de placa y explique el motivo de la revisión.
Pero la iniciativa va más allá: también propone que los agentes informen al ciudadano que la intervención está siendo videograbada mediante cámaras corporales o de las propias unidades.
Estas grabaciones, de acuerdo con la propuesta, no podrían ser interrumpidas y tendrían que conservarse durante el periodo establecido por la ley.
El objetivo es evitar que durante una revisión puedan ocurrir actos de corrupción, como cobros indebidos, así como posibles atropellos a los derechos humanos de los ciudadanos.
“Se busca evitar que se pueda presumir o se pueda cometer algún tipo de ilícito, tales como solicitar algún tipo de indemnización en el momento, digámosle de otra forma, cobro o corrupción”.
Gil también planteó establecer una diferencia clara entre un punto de inspección y un filtro instalado ante la posible comisión de un delito, para evitar que cualquier revisión quede sujeta a criterios discrecionales.
La propuesta pretende, en esencia, responder a una pregunta que muchos automovilistas se hacen cuando son detenidos en un retén: ¿por qué me están revisando y quién autorizó este operativo?
El promotor de la iniciativa sostuvo que las modificaciones buscan determinar quién está facultado para ordenar estos puntos de revisión, cuál debe ser el procedimiento y cómo deben conducirse los representantes de la autoridad.
La llamada “Ley Hartazgo” llega así al Congreso local con una apuesta sencilla, pero de alto impacto social: que detener a un ciudadano no signifique que sus derechos queden detenidos en el camino.
