Sin reglamentos, presupuesto suficiente ni supervisión efectiva, especialistas advierten que el derecho a la educación inclusiva sigue enfrentando barreras en Nuevo León.
En Nuevo León existen leyes que reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes a recibir una educación inclusiva, pero en las escuelas la realidad todavía está lejos de lo que establece el papel.
La falta de reglamentos, presupuesto, supervisión y mecanismos de sanción mantiene barreras que pueden impedir o condicionar el acceso de estudiantes a planteles públicos y particulares, advirtieron especialistas y legisladores durante el panel “Sanción y Castigo a las instituciones educativas no inclusivas”, realizado dentro del ciclo Diálogos de Poder.
Maribel Ramos, de Educación Sin Barreras de la UANL, señaló que la Ley de Autismo de Nuevo León, publicada en 2023, contempla temas como salud, educación, vivienda y trabajo, pero todavía requiere mayor precisión para establecer cómo deben cumplirse sus disposiciones.
Uno de los principales pendientes, sostuvo, es que la legislación todavía no cuenta con un reglamento que permita establecer con claridad las obligaciones de las instituciones y autoridades.
El problema no termina ahí.
Familias han denunciado dificultades para conseguir que sus hijos sean aceptados en escuelas, tanto públicas como particulares. En algunos casos, incluso se condiciona el acceso a la contratación de una “maestra sombra”.
Una inclusión que puede costar hasta 18 mil pesos al mes
Ramos advirtió que esta figura puede convertirse en una barrera económica para las familias, pues contratar este servicio puede representar un gasto de entre 8 mil y hasta 18 mil pesos mensuales, dependiendo de las necesidades del estudiante.
La especialista cuestionó que una familia tenga que asumir por su cuenta un costo de esta magnitud para que su hijo pueda ejercer su derecho a la educación.
Además, señaló que la figura de la “maestra sombra” carece de una regulación adecuada y que, al no formar parte de la plantilla laboral de una escuela, puede enfrentar restricciones para ingresar a determinados planteles públicos.
Mientras tanto, en las escuelas particulares también persiste el reclamo de una mayor supervisión por parte de la Secretaría de Educación.
De acuerdo con Ramos, los planteles deberían contar con equipos multidisciplinarios integrados por especialistas capaces de atender las necesidades específicas de los estudiantes.
Nueva Ley de Educación, otro reto pendiente
La nueva Ley de Educación del Estado, publicada en abril, representa un avance al incorporar disposiciones relacionadas con educación inclusiva, capacitación del personal, equipos especializados y herramientas de comunicación.
Sin embargo, el reto ahora es llevar esas disposiciones del papel a las escuelas.
La legislación establece un plazo de 180 días para desarrollar su reglamento, pero Ramos advirtió que todavía están pendientes procesos como la consulta pública y el análisis correspondiente.
También planteó que las escuelas realicen evaluaciones psicopedagógicas para identificar las necesidades de cada estudiante y establecer planes de intervención individualizados.
La propuesta, aclaró, no busca crear un padrón de personas neurodivergentes.
Diputada alerta por discriminación
La diputada Grecia Benavides calificó como grave que niñas y niños enfrenten dificultades para acceder a una escuela.
La legisladora señaló que la falta de espacios educativos, particularmente en zonas periféricas, puede terminar convirtiéndose en una forma de discriminación al impedir que los menores ejerzan plenamente su derecho a la educación.
Benavides sostuvo que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación tienen responsabilidad en las escuelas estatales, mientras que en los planteles federales corresponde intervenir a la Federación.
Ante esta situación, se analiza la posibilidad de realizar modificaciones a la legislación y fortalecer el trabajo conjunto entre familias, docentes, autoridades educativas, Gobierno del Estado y Congreso.
El verdadero problema: que la ley se cumpla
El debate deja una pregunta de fondo: ¿de qué sirve tener leyes de inclusión si las familias siguen enfrentando barreras para que sus hijos puedan estudiar?
Especialistas y legisladores coinciden en que el siguiente paso no necesariamente es crear más leyes, sino hacer cumplir las que ya existen.
Para ello se requieren reglamentos, presupuesto, capacitación, supervisión y sanciones efectivas.
Porque mientras esos mecanismos no existan, la inclusión educativa corre el riesgo de quedarse en el discurso y en el papel, mientras las familias siguen enfrentando el problema todos los días.
