La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, cuestionó desde la tribuna del Congreso de Nuevo León el uso recurrente del veto por parte del Gobernador Samuel García, al señalar que la confrontación permanente entre los Poderes no puede convertirse en una forma de gobernar.
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Lorena de la Garza señala aumento de vetos
Durante su participación en el Pleno, la legisladora señaló que mientras los tres gobiernos anteriores acumularon 118 vetos en 18 años, la actual administración estatal suma 181 vetos en menos de cinco años.
De acuerdo con la diputada, esta cifra refleja una relación marcada por el conflicto constante entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Nuevo León.
Lorena de la Garza aclaró que el problema no está en la existencia del veto como facultad constitucional, sino en su uso reiterado ante las diferencias con el Legislativo.
“No puede ser forma de gobernar que cada vez que el Congreso piensa distinto la respuesta sea un veto, una controversia o simplemente no publicar un decreto. Podemos tener diferencias, pero las instituciones tienen que funcionar”, expresó.
Pide respetar las facultades de cada Poder
La legisladora también hizo referencia a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el tema pone nuevamente sobre la mesa la obligación de respetar los procedimientos, plazos y facultades que corresponden a cada Poder.
En este sentido, advirtió que las diferencias políticas no deben convertirse en bloqueos permanentes entre las instituciones de Nuevo León.
“El veto existe y tiene una función, pero no puede convertirse en una herramienta permanente de confrontación. Gobernar también significa dialogar, construir acuerdos y respetar que no todos pensamos igual”, afirmó.
Lorena de la Garza llama a priorizar acuerdos
De la Garza sostuvo que el tercer periodo de sesiones debe servir para dejar atrás la lógica del pleito permanente y concentrarse en sacar adelante decisiones que tengan impacto en la vida de los ciudadanos.
La diputada consideró necesario impulsar una relación institucional basada en acuerdos, resultados y respeto entre los Poderes, con el objetivo de que las diferencias políticas no impidan el funcionamiento de las instituciones de Nuevo León.
