Morena presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, familiares, funcionarios y otras personas que pudieran resultar responsables de presuntas irregularidades.
La denuncia fue encabezada por René González, secretario general de Morena en Nuevo León, y el senador Alejandro Murat Hinojosa, delegado del partido en la entidad.
Entre los señalados se encuentran Mariana Rodríguez Cantú, Samuel Orlando García Mascorro, Samuel Orlando García Villarreal, Miguel Ángel Flores Serna y Éric Peñalver Serna.
Morena pide investigar hasta mil 400 millones de pesos
De acuerdo con los denunciantes, las operaciones señaladas podrían involucrar hasta mil 400 millones de pesos y estarían relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia un despacho vinculado con familiares del gobernador.
Morena pidió investigar posibles delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones, además de cualquier otra conducta que pudiera acreditarse.
El partido solicitó reconstruir la ruta de los recursos y determinar cuánto dinero fue entregado, a quién, bajo qué concepto y cuál fue su destino final.
También pidió revisar movimientos financieros y fiscales con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SAT.
Piden revisar operaciones durante toda la administración
René González sostuvo que la investigación debe abarcar desde el inicio de la actual administración estatal y revisar las operaciones relacionadas con proveedores, contratistas, subcontratistas y particulares.
“Queremos que se investigue desde el día uno hasta la fecha todas las triangulaciones”, señaló.
Morena también pidió analizar información contenida en el procedimiento de juicio político contra Samuel García, donde, según el partido, existen referencias a operaciones por alrededor de mil millones de pesos.
La denuncia se suma a otra presentada por Morena ante la Fiscalía General de la República en mayo pasado por hechos que el partido considera de competencia federal.
Corresponderá a las autoridades determinar si las conductas denunciadas constituyen delitos y, en su caso, establecer responsabilidades conforme al debido proceso.
