Nuevo León sigue siendo una de las seis entidades del país que no han implementado la lista de deudores alimentarios, una herramienta clave para garantizar que quienes incumplen con sus obligaciones de manutención cumplan con lo establecido por la ley.
Entre las sanciones que contempla la lista se incluyen la imposibilidad de ocupar cargos de elección popular, así como restricciones para tramitar pasaportes o visas, medidas diseñadas para presionar a los deudores a cumplir con sus responsabilidades.
El colectivo Iniciativa 360 Mujeres por México presentó por primera vez esta solicitud ante el Congreso estatal en 2022; sin embargo, ante la falta de avances, la iniciativa se reingresó en una segunda vuelta este año.
La abogada Liliana Azuara destacó que esta obligación ha sido “olvidada” por el Congreso de Nuevo León, pese a que la reforma que establece la creación de la lista fue aprobada en 2019 y, en 2023, se formalizó la normativa para su implementación.
“Es una herramienta que existe a nivel legal, pero que en Nuevo León simplemente no se ha aplicado”, apuntó.
Por su parte, Claudia Lozano, representante del colectivo, criticó que la iniciativa original presentada en 2022 quedó archivada, mientras que varias propuestas similares de diputadas avanzaron en el Congreso.
“Aplaudimos que se tomen cartas en el asunto, pero no se están valorando las iniciativas de la sociedad civil”, lamentó.
Con este nuevo intento, organizaciones civiles y especialistas esperan que Nuevo León finalmente cumpla con la obligación de proteger los derechos de los menores a recibir una manutención adecuada y efectiva.
