La diputada Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, del PRD, presentó una iniciativa para fortalecer la protección del personal docente, directivo, administrativo y de apoyo ante situaciones de violencia escolar en Nuevo León.
Índice
La propuesta busca establecer protocolos más claros para denunciar, atender y dar seguimiento a los casos de violencia contra quienes trabajan en instituciones educativas, así como garantizar su seguridad e integridad.
Plantean protocolos de atención y respuesta inmediata
Entre las principales medidas de la iniciativa se encuentra la realización de una evaluación inicial de riesgos dentro de las primeras 24 horas posteriores a que la autoridad escolar tenga conocimiento de un caso de violencia contra el personal educativo.
Asimismo, se propone que, cuando los hechos puedan constituir un delito o representen un riesgo para la integridad física, se dé aviso inmediato a las autoridades competentes, sin esperar a que concluya el procedimiento interno de la institución.
La iniciativa también contempla la aplicación de medidas de protección, como limitar el contacto entre las personas involucradas, establecer condiciones seguras de entrada y salida, preservar evidencias y facilitar el acceso a servicios médicos, psicológicos y jurídicos.
Buscan garantizar denuncias sin represalias
Otro de los puntos centrales es fortalecer los mecanismos para presentar denuncias cuando la persona señalada sea el director del plantel o cuando su participación pueda comprometer la imparcialidad del procedimiento.
En estos casos, se plantea que el personal educativo pueda acudir directamente a una autoridad educativa superior o a la Secretaría de Educación estatal.
Además, la propuesta busca prohibir las represalias contra quienes denuncien, participen en las investigaciones o actúen como testigos, así como mejorar el registro y seguimiento de los casos para evitar que queden sin atención.
La protección de docentes y estudiantes debe coexistir
La iniciativa plantea reforzar la protección del personal educativo sin dejar de lado los derechos de niñas, niños y adolescentes, el interés superior de la niñez y el derecho a la educación.
Para ello, propone que los procedimientos respeten principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la confidencialidad, la protección de datos personales y la prevención de la revictimización.
Las medidas también contemplarían a las instituciones de educación superior, de acuerdo con su régimen jurídico y respetando su autonomía cuando corresponda.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La propuesta busca reformar la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, con el objetivo de establecer mecanismos más específicos para proteger al personal de los centros educativos.
La iniciativa todavía debe seguir el proceso legislativo correspondiente, por lo que las medidas planteadas no deben considerarse disposiciones vigentes. En caso de ser aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación.
