El abogado Candelario Maldonado informó que acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para solicitar que se ejerza acción penal contra todas las personas presuntamente involucradas en un caso de despojo, entre ellas Patricio Zambrano.
A las afueras de la Fiscalía, el litigante aseguró que existen elementos suficientes para proceder legalmente contra quienes participaron en los hechos, al señalar que nadie puede hacer justicia por propia mano.
“No se vale que llegues armado de un grupo de individuos y que te haga creer que eres la autoridad y que despojes, que hagas tu justicia por tu propia mano y mucho menos transmitirlo en redes sociales o humillar a una mujer o a una mamá dejando sin hogar y sin techo a unos menores de edad”, expresó.
Maldonado indicó que actualmente se desarrolla una audiencia de imputación contra algunas personas detenidas por el caso y que esperan que en las próximas horas un juez determine su situación jurídica.
Asimismo, afirmó que solicitaron formalmente una orden de aprehensión contra Patricio Eugenio Zambrano y demás involucrados, argumentando que los videos difundidos públicamente forman parte de las pruebas integradas en la carpeta de investigación.
“Quien ejecuta, planea, actúa, impulsa y motiva un hecho ilícito tiene que pagar las consecuencias de sus actos”, señaló.
El abogado también adelantó que interpondrán una demanda civil por daño moral contra Zambrano y otras personas relacionadas con el caso, al asegurar que su representada fue expuesta públicamente y señalada injustamente.
Según explicó, la mujer afectada contaba con la posesión legal y continua del inmueble desde hace aproximadamente 10 años derivado de un contrato de compraventa con la propietaria original.
“La señora quedó como una villana cuando había mucha información que no se dio a conocer”, sostuvo.
Maldonado agregó que además del delito de despojo podrían configurarse otros ilícitos relacionados con violencia moral, psicológica y presunta violencia de género.
Finalmente, rechazó que el caso tenga tintes políticos y afirmó que corresponde únicamente a las autoridades judiciales determinar responsabilidades.
“La ley es la ley. Aquí no tiene nada que ver la política. Nadie puede tomar justicia por su propia mano”, concluyó.
