La presidencia del Poder Judicial del Estado solicitó al Congreso de Nuevo León un presupuesto superior a los tres mil 500 millones de pesos, como parte de su ejercicio de operaciones del 2025.

Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, informó que, en comparación con los recursos ejercidos en el 2024, el ajuste al alza para el año próximo será de un 32 por ciento.

Salinas Garza acudió al recinto legislativo para entregar en la Oficialía de Partes el documento en el cual se detallan las necesidades del organismo.

Ahí fue recibido por la presidenta del Congreso, diputada Lorena de la Garza Venecia, así como por los diputados Heriberto Treviño Cantú y Carlos Alberto de la Fuente Flores, coordinadores de las fracciones legislativas del PRI y PAN, respectivamente y los legisladores Javier Caballero Gaona y Myrna Isela Grimaldo Iracheta.

El documento entregado especifica a los diputados las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el ejercicio 2025, mismas que ascienden a 3 mil 600 millones de pesos, en los que se consideran proyectos que no pudieron concretarse por la falta de presupuesto de 2024.

Documento detallado

En una trasmisión en vivo, mientras se dirigía al recinto legislativo, el presidente Salinas Garza explicó que el documento detalla necesidades y proyectos detenidos por la falta de aprobación de presupuesto del 2024.

“En el 2024 no hubo presupuesto ya que no fue presentado por el Ejecutivo y por lo tanto venimos operando con un presupuesto del 2023 y esto implicó muchísimos retos en la parte de administración de la justicia y de la administración del Poder Judicial”, añadió.

“Prácticamente tuvimos que operar con el presupuesto del 2023 sin tomar en cuenta la inflación que fue de un 4.5 por ciento en el 2024”, explicó Salinas.

El Poder Judicial de Nuevo León prevé destinar a servicios personales, salarios, aguinaldos y diversas prestaciones sociales el 86.98% del presupuesto total que vaya a ser asignado a la institución.

Se especificó que al basarse el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 en el de 2023, debido a la falta de aprobación del mismo, se vio seriamente comprometida la capacidad de garantizar una justicia pronta y expedita.

Se hace referencia además de que el Poder Judicial enfrenta actualmente un déficit de 339 vacantes, equivalente al 12 por ciento de sus plazas totales, situación que no ha podido ser atendida por falta de recursos.

Solo en lo que va de 2024, se generaron 80 vacantes, mientras que el volumen de asuntos aumentó en un 10 por ciento, lo que provocó un déficit de desempeño estimado en 22 por ciento. Esta situación impacta directamente la capacidad operativa, afectando la eficiencia en la administración de justicia y limitando los servicios brindados a la ciudadanía.

Frente al pago de nómina de casi el 90 por ciento del presupuesto, el magistrado presidente comentó que ha generado que las vacantes que se han venido dando en el Poder Judicial no fueran cubiertas.