Un grupo de activistas y familiares presentó este martes una solicitud de juicio político contra la jueza de lo Tercero Familiar Oral, Norma Angélica, quien ocupa el cargo desde 2018, por presuntas violaciones al artículo 4º de la Constitución y por obstaculizar la convivencia familiar de una menor.
La denuncia fue encabezada por la activista María Teresa Vallejo Pérez, acompañada de Patricia Rosina Reno Pedraza, Verónica Sánchez González y María Esther Córdoba Berrueto, quienes señalaron un patrón de parcialidad y abuso de poder en distintos expedientes familiares.
Obstrucción de convivencias y decisiones contradictorias
El conflicto principal involucra a una menor bajo custodia del padre, mientras que la madre mantiene convivencias dominicales y los abuelos maternos contaban con convivencia supervisada desde enero de 2024.
Según las denunciantes, en 2025 la jueza solicitó informes a otra juzgadora para confirmar convivencias vigentes, pero decidió “empalmar” horarios el mismo día y hora, lo que imposibilita cumplir ambos mandatos judiciales. El caso más crítico ocurrió el 8 de enero de 2026, cuando se establecieron simultáneamente convivencias en el Centro Estatal de Convivencia y en un domicilio particular, situación que calificaron de “jurídicamente inviable”.
“Una menor no puede dividirse en dos para cumplir dos convivencias al mismo tiempo”, expresó Vallejo Pérez, asegurando que estas decisiones vulneran el interés superior del menor y la unidad familiar.
Más de 50 quejas ante el Consejo de la Judicatura
Las denunciantes indicaron que existen más de 50 quejas contra la jueza por presuntas irregularidades, y han promovido recursos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya habría solicitado información al Estado mexicano.
Cuestionamientos a la Procuraduría
También criticaron la actuación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, señalando inconsistencias en dictámenes psicológicos y sociales que, según ellas, habrían sido utilizados para desacreditar a familiares que buscan convivencias.
Solicitudes
El recurso presentado busca la destitución de la jueza mediante mecanismos de control judicial y juicio político. Las denunciantes adelantaron que continuarán interponiendo denuncias y ampliando expedientes en diversas instancias.
“Cuando no se protege el interés superior del menor, se vulnera la base misma de la sociedad, que es la familia”, sostuvo Vallejo Pérez.
Hasta ahora, el Poder Judicial de Nuevo León no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos.
