Ante la falta de respuesta del gobierno estatal, la diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que obliga al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) a implementar mecanismos funcionales que garanticen el acceso real a las tarifas preferenciales del transporte público.
Montalvo señaló que, a pesar de que el Congreso aprobó un Punto de Acuerdo el 3 de septiembre para exhortar al gobernador, al IMA y a Metrorrey a reactivar el registro de tarifas preferenciales, no se han tomado medidas concretas. Mientras tanto, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad continúan pagando la tarifa completa, afectando severamente su economía.
La legisladora recordó que el Artículo 70 de la Ley de Movilidad establece este derecho, pero denunció que se ha convertido en letra muerta debido a la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para implementar sistemas de acceso y registro.
“La aplicación Urbani lleva más de 18 meses con la función de registro preferencial deshabilitada. La opción presencial tampoco funciona: solo se dan 30 citas diarias para toda el área metropolitana, y los adultos mayores deben pagar 30 pesos por la tarjeta”, denunció Montalvo.
La diputada también denunció desigualdad en el acceso al beneficio: mientras los estudiantes de la UANL pueden registrarse mediante la app universitaria, los de CECYTE, CONALEP, primarias, secundarias y universidades privadas quedan excluidos, a pesar de tener derecho a la tarifa preferencial. “Esto es discriminación institucionalizada”, afirmó.
Montalvo destacó el impacto económico: “Un adulto mayor que use el metro dos veces al día gasta hasta 570 pesos mensuales, lo que representa más del 18% de una pensión Para el Bienestar. Los estudiantes gastan entre 200 y 280 pesos semanales, reduciendo su capacidad para alimentación y materiales educativos”.
La reforma propuesta establece que el IMA debe:
-
Implementar un sistema de registro gratuito, accesible y permanente, tanto presencial como en línea.
-
Reconocer credenciales oficiales existentes.
-
Garantizar acceso inmediato y gratuito al transporte cuando el sistema falle, con mecanismos de compensación para los operadores.
“Si el gobierno no actúa por convicción, lo haremos por obligación legal. Esta reforma devolverá vida a un derecho que nunca ha dejado de serlo”, sentenció Montalvo, enfatizando que la movilidad accesible no es un privilegio, debe ser la norma.
Con esta iniciativa, la legisladora busca proteger a las familias de Nuevo León, asegurando que las tarifas preferenciales sean efectivas y universales para quienes tienen derecho.
