La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, presentó una denuncia formal contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, así como contra quien resulte responsable, por presuntas irregularidades en la aplicación del Impuesto Predial.
La querella fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde la legisladora señaló posibles faltas administrativas y la probable comisión de delitos como ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad.
De acuerdo con Pámanes, el Ayuntamiento de Monterrey habría aplicado un incremento al predial sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente, ya que, sostuvo, la autorización emitida por el Congreso local no permitía su aplicación inmediata, por lo que el municipio debió reponer el proceso antes de cobrar el ajuste.
“La denuncia se sustenta tanto en el Código Penal como en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Estamos hablando de un ejercicio indebido de la función pública”, afirmó la diputada tras presentar el recurso legal.
La legisladora consideró que el aumento aplicado sin aviso previo representa un perjuicio directo para las familias regiomontanas, al señalar que los contribuyentes acudieron a pagar su impuesto sin conocer previamente el ajuste en el monto.
“Este agravio no es contra el Congreso, es contra los ciudadanos. No hubo información clara ni oportuna, y las personas se enteraron del aumento hasta que llegaron a las ventanillas”, sostuvo.
Pámanes adelantó que su bancada brindará asesoría jurídica a los ciudadanos que deseen interponer un juicio de amparo, al considerar que existen elementos suficientes para impugnar el incremento, entre ellos el hecho de que los ajustes fiscales deben estar alineados a los índices inflacionarios.
“Vamos a acompañar a las familias afectadas, proporcionando la información, los requisitos y los formatos necesarios para que puedan ejercer este derecho legal”, explicó.
Finalmente, la diputada exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por supuestas aclaraciones administrativas, al advertir que acudir a las oficinas municipales no evita la aplicación del cobro, el cual, insistió, carece de sustento legal.
