Aunque no contempla el máximo castigo como lo propuso el Partido Acción Nacional, la nueva Ley de Extorsion, será una arma que tendrá el sistema judicial de nuestro país, para que los ciudadanos ya no sufran incertidumbre por este delito, aseguró el Diputado Federal, Victor Pérez Díaz.
«Si con esta herramienta legal el gobierno federal y el sistema de administración de justicia, no logran disminuir este delito, estaremos ante un fracaso del Estado», enfatizó el legislador del PAN.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue aprobada recientemente por todos los partidos en la Cámara de Diputados como una muestra de confianza hacia la Presidenta del a República Claudia Sheimbaum.
La normativa nace para proteger a las víctimas y sectores productivos, especialmente comerciantes, transportistas y empresarios, principales blancos del cobro de piso.
El Artículo 15 del dictamen establece lo siguiente:
«A quien cometa el delito de extorsión se le impondrá una pena de seis a quince años de prisión y una multa de de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización».
Es decir, la pena base es de 5 a 10 años, y el máximo posible, con agravantes, sería de 20 años.
El dictamen crea una Ley General que establece un tipo penal único de extorsión aplicable en todo el país, con el objetivo de unificar criterios, procedimientos y sanciones en las 32 entidades federativas.
También la nueva ley homologa hacia abajo la penalidad, eliminando los estándares más severos de los códigos locales.
Baja desafortunadamente la pena máxima estatal, ya que es pasa de 30–40 años a 20 años, incluso en casos de alta violencia o reincidencia.
Asimismo, el Artículo Cuarto Transitorio permite aplicar la nueva ley en beneficio del procesado, lo que abrirá la puerta a la revisión de sentencias anteriores y posibles liberaciones anticipadas de personas actualmente condenadas por extorsión agravada.
