Tras el anuncio del incremento en las tarifas del transporte público en Nuevo León, los Senadores Waldo Fernández y Judith Díaz presentaron dos propuestas legislativas para revertir esta medida y prevenir aumentos futuros. Según los legisladores, el alza tarifaria constituye una herramienta recaudatoria que afecta gravemente la economía familiar, no resuelve la crisis de movilidad y golpea la competitividad del Estado.
Iniciativa de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
La primera propuesta es una reforma al Artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer lineamientos claros y justos en el ajuste de tarifas del transporte público. Sus principales puntos incluyen:
- Prohibir incrementos abruptos y superiores a la inflación.
- Implementar incrementos graduales, ajustables a partir del tercer mes de cada año.
- Obligar a las entidades federativas a realizar inspecciones físicas a las unidades de transporte antes de cualquier revisión tarifaria.
- Garantizar la transparencia de estudios técnicos y económicos, justificando públicamente cualquier aumento.
- Subsidios específicos para personas de la tercera edad.
Punto de acuerdo contra el incremento tarifario
Adicionalmente, los Senadores presentaron un punto de acuerdo que solicita:
- Revertir el incremento tarifario en el transporte público del Estado.
- Transparentar los estudios técnicos, económicos y de impacto que justifican los aumentos.
- Solicitar al Gobierno de Nuevo León y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes un informe sobre el estado del proyecto del corredor ferroviario García-Aeropuerto.
- Pedir a la PROFECO evaluar una posible acción colectiva contra los incrementos.
- Exigir a la Comisión Federal de Competencia investigar si las tarifas actuales distorsionan la libre competencia en el sector.
Críticas de los Senadores
Judith Díaz denunció que las decisiones sobre tarifas se toman sin sustento claro, afectando directamente a las familias trabajadoras. “Este aumento es desproporcionado, y el sistema de transporte no garantiza calidad ni condiciones dignas para los usuarios“, señaló.
Por su parte, Waldo Fernández cuestionó la desigualdad entre las tarifas de transporte estatal (de $15 a $17 pesos) y las no integradas al sistema estatal ($12 pesos), calificando el aumento como “una medida recaudatoria más que un reflejo de la calidad del servicio“.
Ambos Senadores ratificaron su compromiso de trabajar por un transporte público justo, accesible y de calidad, protegiendo a los ciudadanos de abusos y promoviendo mecanismos que garanticen el bienestar de los usuarios.
