La diputada por Monterrey y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, hizo un llamado a construir un presupuesto 2026 verdaderamente municipalista, justo y equitativo, que atienda las necesidades reales de los municipios y corrija las desigualdades que mantienen en rezago a las comunidades más vulnerables de Nuevo León.
Tras una reunión con alcaldes y alcaldesas panistas de municipios rurales, la legisladora recordó que el Congreso del Estado tiene la facultad de modificar las leyes de ingresos y egresos, por lo que es posible ajustar la distribución de los recursos para garantizar una verdadera justicia presupuestal.
“Los municipios están trabajando con muchos rezagos y, en muchos casos, han tenido que poner de su propio presupuesto para cubrir tareas que le corresponden al Estado: mantenimiento de escuelas, proyectos de movilidad o servicios de salud”, señaló De la Garza.
La diputada denunció que el actual convenio fiscal estatal genera una distribución desigual, donde municipios como San Pedro reciben alrededor de 9 mil pesos por habitante, mientras que otros como Pesquería apenas alcanzan 400 pesos, lo que —dijo— perpetúa la desigualdad.
Explicó además que otros estados como Jalisco, Guanajuato y Querétaro destinan entre 23 y 27% de sus fondos participables a los municipios, mientras que Nuevo León se mantiene rezagado.
“Necesitamos revisar a fondo las finanzas municipales y las deudas que el Gobierno estatal mantiene con los ayuntamientos para asignarles lo que en justicia les corresponde”, enfatizó.
De la Garza también advirtió sobre el uso discrecional y con fines político-electorales de los fondos estatales, al señalar que municipios como Monterrey han sido excluidos del reparto de equipamiento policial.
“El dinero público no puede usarse como premio o castigo político; debe distribuirse con transparencia y equidad”, afirmó.
Finalmente, la legisladora reiteró que desde el Congreso impulsará candados legales para evitar el manejo discrecional de los recursos, y continuará promoviendo un presupuesto que responda a las necesidades de las familias y fortalezca a los municipios como el primer frente de atención ciudadana.
