Con el objetivo de proteger la seguridad de la ciudadanía y mejorar la imagen urbana, la diputada Melisa Peña, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León para regular y retirar el cableado en desuso, conocido comúnmente como “telarañas” urbanas.
La propuesta busca atender un vacío legal que ha limitado la actuación de autoridades estatales y municipales, ya que algunas empresas han argumentado que el tema corresponde exclusivamente al ámbito federal de las telecomunicaciones.
Peña explicó que el cableado abandonado, además de generar contaminación visual, representa un riesgo para peatones, automovilistas, niñas y niños, por lo que la iniciativa diferencia claramente entre el cableado en uso, protegido por la legislación federal, y el cableado en desuso, que puede ser retirado por las autoridades locales al tratarse de un asunto de protección civil y ordenamiento urbano.
La reforma plantea modificaciones al artículo 77 Bis 1 y del Bis 2 al Bis 8, así como la adición de un Bis 9, estableciendo un plazo de 30 días naturales para que las empresas retiren el cableado obsoleto. En caso de incumplimiento, se faculta a los municipios para realizar el retiro de manera subsidiaria.
“Lo que buscamos es dar herramientas claras a los municipios para que puedan actuar de forma preventiva, sin invadir competencias federales”, señaló la legisladora.
La iniciativa se respalda en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2022), que reconoce la facultad municipal para intervenir cuando el cableado en desuso afecta el orden urbano y la seguridad ciudadana, criterio ya aplicado en ciudades como Guadalajara.
Aunque en esta etapa la propuesta no contempla sanciones, Melisa Peña adelantó que se continuará legislando para cerrar vacíos legales y, posteriormente, incorporar medidas sancionatorias.
Con esta acción, se busca avanzar hacia un entorno metropolitano más seguro, ordenado y digno, priorizando la protección civil y la calidad de vida de las y los ciudadanos.
