En General Zuazua hay una realidad que las familias conocen todos los días, pero que ahora también quedó expuesta en el Congreso del Estado: el municipio creció mucho más rápido que su capacidad para garantizar movilidad.
Y cuando una persona tiene que esperar dos o hasta tres horas para abordar un camión, ya no estamos hablando simplemente de un problema de frecuencia en una ruta. Estamos hablando de horas de vida que se pierden, de trabajadores que llegan tarde, estudiantes que enfrentan dificultades para llegar a sus escuelas y familias que deben reorganizar su día alrededor de un servicio que debería estar diseñado precisamente para facilitarles la vida.
El caso de la ruta 109 es apenas el reflejo de un problema más profundo.
Vecinos de Valle de Santa Elena acudieron al Congreso para contar lo que viven diariamente. No fueron estadísticas ni proyecciones: fueron usuarios hablando de esperar durante horas para poder subir a una unidad.
Y ahí está quizá el punto más importante de esta discusión: el transporte público no puede planearse únicamente desde un escritorio.
Si una ruta tiene una demanda que supera ampliamente su capacidad, las autoridades deben tener la capacidad de detectarlo, medirlo y corregirlo. Más unidades, mayor frecuencia, renovación de camiones y estrategias especiales durante las horas pico no deberían ser concesiones extraordinarias; deberían ser parte de una planeación básica de movilidad.
Por eso resulta relevante que la alcaldesa Deya Martínez haya decidido llevar el reclamo al Congreso y exigir una revisión integral de la ruta 109.
Pero también hay una segunda parte de la discusión que no debe perderse de vista.
Martínez reconoce algo que durante años ha sido una de las grandes contradicciones del crecimiento urbano de Nuevo León: se autorizan viviendas, llegan miles de familias, aumenta la demanda de servicios y después se intenta resolver la infraestructura que debió acompañar ese crecimiento desde el principio.
La alcaldesa incluso asegura que su administración está tomando decisiones para no permitir nuevos complejos habitacionales que sigan incrementando la población mientras el municipio no cuenta con transporte suficiente.
Es una postura que merece ser discutida seriamente.
Porque el desarrollo urbano no puede medirse solamente por el número de casas construidas, los permisos otorgados o la llegada de nuevos habitantes. También debe medirse por la capacidad de ofrecer agua, drenaje, vialidades, seguridad, escuelas y, por supuesto, transporte público.
De poco sirve tener una vivienda nueva si para salir de ella y llegar al trabajo se necesitan tres horas de espera.
De poco sirve hablar de crecimiento económico si un trabajador tiene que levantarse mucho más temprano para intentar alcanzar un camión.
Y de poco sirve presumir nuevos desarrollos si las autoridades terminan corriendo detrás de una población que crece sin que los servicios crezcan al mismo ritmo.
Zuazua representa, en ese sentido, un problema que Nuevo León conoce demasiado bien: primero crecen los fraccionamientos y después llegan las soluciones.
La exigencia de Deya Martínez pone el tema sobre la mesa, pero ahora la responsabilidad también está en el Gobierno del Estado y en el Instituto de Movilidad.
El exhorto puede convertirse en otro documento que termine archivado o puede ser el punto de partida para una solución concreta.
La pregunta es sencilla: ¿cuántos camiones necesita realmente Zuazua?, ¿cuántas unidades están operando?, ¿cuál es la frecuencia real de la ruta 109?, ¿cuántos usuarios la utilizan diariamente y cuánto tiempo están esperando?
Porque si las respuestas confirman lo que los vecinos están denunciando, entonces ya no hay mucho que diagnosticar.
Hay un problema. Y lo que falta es resolverlo.
Zuazua no puede seguir creciendo a costa del tiempo de sus habitantes.
El transporte público no es un lujo ni un favor. Es un servicio esencial.
Y cuando una familia tiene que esperar tres horas para poder abordar un camión, el problema ya no está en la parada.
Está en la planeación.
