Ante el aumento sostenido de la violencia de género en Nuevo León, la diputada local Anylú Bendición Hernández, del Grupo Legislativo de Morena, presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado para solicitar la instalación de nuevos Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUMs) en los municipios con mayores índices de agresiones contra mujeres.
“La solicitud en específico es que se hagan más Centros de Justicia para las Mujeres… ¿en dónde? En los municipios con mayor índice de violencia contra las mujeres. Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en violencia familiar, y no hay centros suficientes que las atiendan”, subrayó la legisladora.
Actualmente, la entidad cuenta únicamente con un CEJUM ubicado en Monterrey, lo que limita el acceso a servicios especializados para mujeres en el resto del estado, donde también se registran altos niveles de violencia.
Según datos del propio centro, en el primer semestre de 2024 se atendió a más de 13 mil mujeres y se ofrecieron cerca de 77 mil servicios especializados, lo que refleja una sobrecarga en una sola sede y la urgencia de su descentralización.
En municipios como Juárez se reportaron hasta 556 denuncias por violencia familiar, y más de 950 casos de violación se documentaron en todo el estado entre enero y noviembre de 2024.
Los CEJUMs brindan orientación legal, atención psicológica y médica con enfoque de género, y en algunos casos funcionan como refugios temporales para víctimas. Por ello, la diputada recalcó que es urgente replicar este modelo en los municipios más afectados.
Además, citó resultados de la encuesta “Cómo Vamos Nuevo León“, que revelan que el 38.7 % de la población percibe la violencia doméstica como frecuente o permanente, y el 91.7 % considera ofensivas las insinuaciones en la vía pública hacia mujeres.
“Queremos que haya acceso real a la justicia y a un espacio donde las mujeres puedan acudir. Es absurdo que en 2025 solo exista un centro en todo el estado”, afirmó Hernández.
La diputada también planteó la posibilidad de que en el próximo presupuesto estatal se asigne una partida especial a la Fiscalía para que inicie la construcción de nuevos CEJUMs, como parte de una política pública para cerrar brechas de desigualdad y garantizar acceso digno a la justicia.
