Con el objetivo de proteger la integridad física de las y los usuarios del transporte público, el diputado Jesús Alberto Elizondo Salazar, del Congreso de Nuevo León, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y tipificar como delito la administración subrepticia de sustancias químicas, también conocida como “pinchazos“.
El legislador propuso que esta conducta sea reconocida como el delito de “sumisión química“ y que sea sancionada con penas de hasta 10 años de prisión a quien, sin consentimiento, inyecte sustancias químicas, tóxicas o farmacológicas con el fin de alterar la voluntad o capacidad de defensa de una persona, especialmente en espacios de transporte público o lugares de alta afluencia.
“Este tipo de ataques representan una nueva forma de violencia que debe ser visibilizada, sancionada y atendida con urgencia. No podemos permitir que el transporte público se convierta en un espacio de riesgo para mujeres, jóvenes y personas vulnerables“, advirtió Elizondo Salazar.
La iniciativa también incluye agravantes si los “pinchazos” derivan en delitos como robo, abuso sexual, privación de la libertad o trata de personas.
El legislador señaló que, aunque esta práctica ha sido documentada en diversos países europeos, en México aún no existe una legislación específica que la sancione, por lo que Nuevo León podría marcar un precedente nacional en la defensa de los derechos de quienes usan el transporte público.
“Nuestra obligación es garantizar que cada persona pueda desplazarse con libertad y seguridad. Esta iniciativa busca justamente prevenir, proteger y castigar con firmeza este tipo de agresiones que, por su naturaleza, muchas veces quedan impunes“, concluyó.
