Líderes sociales, empresariales y activistas, junto con autoridades de REGIOPODER, presentaron la iniciativa Ley Ojo Regio, una propuesta integral que busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en las decisiones del gobierno estatal y sus dependencias.

La iniciativa fue dada a conocer por Fernando Canales Stelzer y Juan Carlos Pérez Góngora, acompañados de activistas como Sandrine Mollinard, quienes destacaron que el proyecto contempla 185 artículos de vanguardia en materia de acceso a la información y vigilancia ciudadana. La ley propone la creación de consejos ciudadanos en dependencias como Agua y Drenaje (AyD) y otras instancias gubernamentales, con el objetivo de que las decisiones públicas sean claras, justificadas y transparentes.

Entre los puntos centrales de la propuesta se establece que las dependencias deberán rendir cuentas de manera trimestral y responder de forma fundada a quejas o solicitudes ciudadanas. En caso de incumplimiento, la Ley Ojo Regio contempla sanciones económicas que van de los 15 mil a los 150 mil pesos para funcionarios responsables de omisiones o negativas injustificadas.

Los promoventes señalaron que esta ley debió entrar en operación desde junio pasado; sin embargo, denunciaron que no se encuentra vigente ni actualizada, lo que ha limitado su impacto. Subrayaron que, de aprobarse y aplicarse correctamente, la iniciativa “tendría dientes”, al obligar a mandatarios, legisladores y autoridades a presentar informes claros sobre sus acciones y decisiones cotidianas.

Piden homologación

Asimismo, plantearon la necesidad de homologar la Ley Ojo Regio con la legislación federal, a fin de establecer requerimientos institucionalizados bajo un marco legal obligatorio. En este sentido, señalaron que, ante una eventual desaparición de organismos como el INFONL, debería llevarse a cabo una reconducción del personal para no perder capacidades técnicas y garantizar la continuidad de la transparencia ciudadana, además de generar sinergias con la Plataforma Nacional de Transparencia, integrando a entes de gobierno y de la iniciativa privada.

Durante su intervención, Juan Carlos Pérez Góngora afirmó que no debe existir información reservada salvo aquella relacionada con la seguridad, y recalcó que los costos de inversiones públicas no deben ocultarse. Añadió que, si por razones contractuales cierta información no puede difundirse, las autoridades están obligadas a explicar claramente el motivo.

En otros temas, Fernando Canales Stelzer celebró que la unidad de la comunidad empresarial y social haya logrado frenar el aumento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) dentro del Paquete Fiscal, destacando que esta decisión se dio en un contexto económico complicado, donde el crecimiento nacional ronda apenas el uno por ciento. Reconoció el trabajo conjunto de cámaras empresariales y diputados para revertir la propuesta y confió en que se mantenga el rechazo al incremento del ISN mediante el diálogo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo local.

Con la presentación de la Ley Ojo Regio, sus impulsores buscan sentar las bases de un nuevo modelo de gobierno abierto, con mayor vigilancia ciudadana y sanciones efectivas para quienes incumplan con la transparencia que demanda la sociedad.