La diputada local Lorena de la Garza advirtió que el Gobierno del Estado incurrió en un desacato a la Constitución, al no cumplir con el plazo legal para proponer al titular de la Tesorería, lo que deja a Nuevo León sin una autoridad legal para administrar las finanzas públicas.
A través de redes sociales, la legisladora señaló que ya se vencieron los 90 días establecidos en el artículo 125 de la Constitución estatal para que el Ejecutivo enviara al Congreso la propuesta del nuevo titular, tras la salida del anterior funcionario.
En ese sentido, afirmó que el actual encargado de despacho, Ulises Carlín, ya no cuenta con facultades legales para ejercer funciones clave en el manejo de los recursos públicos.
“Hoy no tiene quien maneje legalmente su dinero. Así está Nuevo León por decisión de Samuel García”, expresó.
De la Garza subrayó que esta situación representa una omisión grave que vulnera el orden constitucional y pone en riesgo la correcta administración financiera del estado.
“Esto no es un error, no es un descuido, es un desacato a la Constitución”, sostuvo.
Finalmente, la diputada hizo un llamado a restituir la legalidad en la conducción de las finanzas públicas, al señalar que el cumplimiento de la ley es una obligación del Ejecutivo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones.
