El magistrado Raúl Eduardo Covarrubias García, titular del Tribunal Unitario Agrario del distrito 20 en Nuevo León, presentó una denuncia contra un grupo de mujeres de la tercera edad por presunta privación ilegal de la libertad. La denuncia surgió tras una protesta realizada en octubre de 2024, en la que las mujeres exigían que se recibiera una denuncia contra varias constructoras por presuntos despojos de terrenos ejidales en Escobedo, Nuevo León.
Las mujeres, que representan a los ejidatarios del ejido San Nicolás, denunciaron que los terrenos ubicados en Sendero y Carretera a Colombia han sido objeto de despojo por parte de las constructoras involucradas en el proyecto “Canadá“. A pesar de sus esfuerzos para que se atendiera su denuncia, la respuesta del magistrado fue la interposición de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Escobedo.
El conflicto se intensificó el 28 de noviembre de 2024, cuando el fiscal Wendy Fuentes Barragán emitió un citatorio para las mujeres, en relación con la carpeta de investigación FED/NL/ESC/0002526/24, programado para el 4 de diciembre de 2024. Esta fecha coincidía con la cita convocada por el magistrado Covarrubias para que las mujeres declararan sobre los despojos.
El caso ha generado críticas de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes señalan que las mujeres enfrentan una doble vulnerabilidad: por un lado, la falta de respuesta a su denuncia, y por otro, la judicialización de su protesta. Los críticos acusan a las autoridades de intentar desincentivar la lucha por la defensa de los terrenos ejidales mediante el uso de procedimientos legales.
Este caso sigue siendo de interés público, y se espera que las declaraciones tanto en la FGR como en el Tribunal Agrario arrojen más claridad sobre los hechos. Mientras tanto, las mujeres denunciadas han reafirmado su compromiso de seguir luchando por justicia para los ejidatarios del ejido San Nicolás.
