En lo que representa su tercera investigación sobre la venta de predios municipales, el diputado local del PAN, Miguel Lechuga, volvió a señalar al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, por presuntas irregularidades en la venta de terrenos públicos a precios muy por debajo de su valor real.
Lechuga analizó otros tres predios del total de 19 que el Ayuntamiento ha puesto en venta, y reveló una diferencia millonaria entre el valor catastral oficial y los precios reales del mercado inmobiliario.
El primer terreno analizado se ubica en la Colonia Parque Industrial La Esperanza, con una superficie de 1,182.53 m². Según el municipio, su valor es de $1,283,681.00, mientras que su avalúo en el mercado (estimado en $13,000/m²) asciende a $15,372,890.00, lo que representa una diferencia de $14,089,209.00.
El segundo predio, de 739.1 m², se localiza en la Colonia Industrial Las Torres y está valuado oficialmente en $556,380.00, pero su valor comercial sería de $9,608,300.00, generando una diferencia de $9,051,920.00.
El tercer terreno, también en Industrial Las Torres, tiene 485.94 m² y fue valuado por el municipio en $667,681.65, mientras que su valor de mercado sería de $6,317,220.00, con una diferencia de $5,649,538.35.
En total, esta tercera indagatoria arroja una diferencia acumulada de $28,790,667.35, cifra que, según el legislador panista, favorece de forma directa al Alcalde Jesús Nava.
Lechuga recordó que en su primera investigación ya había identificado irregularidades en cuatro terrenos, que representarían más de 95 millones de pesos no justificados. En la segunda, detectó otras cuatro propiedades con valores catastrales cuestionables por al menos 40 millones de pesos.
“En total, de los 11 terrenos investigados hasta el momento, Jesús Nava intenta apropiarse de más de 150 millones de pesos. Hay un patrón claro de subvaluación de los predios, lo cual es inaceptable”, afirmó Miguel Lechuga.
El diputado exigió una investigación a fondo por parte de las autoridades competentes y advirtió que continuará exhibiendo cada operación irregular que detecte en el manejo de los bienes públicos del municipio.
