El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León exigió que las autoridades competentes presenten denuncias formales e investiguen las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Samuel García.
Los legisladores señalaron presuntos esquemas de triangulación de recursos, simulación de operaciones y transferencias a personas físicas y morales vinculadas al entorno del gobernador. Estos señalamientos deberán ser investigados por las instancias correspondientes para determinar si existen responsabilidades.
PRI pide intervención de fiscalías
La bancada priista solicitó que las denuncias se presenten ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otras autoridades competentes.
También demandó profundizar la revisión de la cadena de pagos mediante el rastreo documental de contratos, facturas y transferencias bancarias, con el objetivo de identificar a los beneficiarios finales de los recursos observados.
Además, pidió al Ejecutivo estatal entregar de manera íntegra y oportuna la información requerida por los órganos fiscalizadores.
Diputados piden esclarecer el destino de los recursos
Los legisladores calificaron las observaciones de la ASF como un asunto de relevancia institucional y sostuvieron que deben atenderse mediante investigaciones y procedimientos legales, más allá de las diferencias políticas.
Asimismo, afirmaron que los señalamientos coinciden con información revisada por la Comisión Anticorrupción del Congreso local, relacionada con recursos que habrían llegado a despachos vinculados al entorno familiar del gobernador.
El PRI aseguró que mantendrá la supervisión del caso desde el Congreso estatal para promover el esclarecimiento de los hechos y evitar la impunidad en el uso del presupuesto público.
Las observaciones de auditoría y los señalamientos políticos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal; corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
