Con el objetivo de frenar la explotación infantil bajo el disfraz de pobreza y mendicidad, la diputada Marisol González, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Nuevo León y sancionar con mayor rigor la corrupción de menores.
La propuesta contempla cambios a los artículos 196, 197, 199 y 201 del Código Penal estatal, con el fin de definir jurídicamente la mendicidad y su explotación ajena, separándola de condiciones derivadas de pobreza extrema y cerrando lagunas legales que actualmente permiten este tipo de abuso sin consecuencias.
“Es muy doloroso, muy lamentable, que haya redes de corrupción que explotan a niñas y niños para trabajar, y además sufren violencia física y sexual. Esta es una deuda pendiente con quienes no tienen quién los proteja”, expresó González.
Actualmente, la ley solo menciona de manera ambigua la mendicidad como forma de corrupción de menores. Por ello, la diputada plantea tipificar como delito específico la “mendicidad ajena” en contextos de explotación infantil y aumentar las penas para quienes incurran en esta práctica.
Entre los cambios propuestos destaca la reforma al artículo 197, que incluiría agravantes cuando la explotación cause daño físico o mental grave o permanente, con penas de cuatro a nueve años de prisión. Además, el artículo 199 se modificaría para agravar las sanciones si el responsable tiene un vínculo familiar con la víctima, incluyendo la pérdida de la patria potestad y derechos hereditarios.
González señaló que esta reforma también busca atender recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, las cuales llaman a los Estados a actuar con firmeza contra todas las formas de explotación infantil.
“Nadie debe meterse con las niñas y los niños, y menos en situaciones tan dolorosas como verlos trabajando en las calles, sin que nadie los defienda”, subrayó la diputada, quien recordó su experiencia al frente de un DIF municipal.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, con el respaldo de organismos que han documentado la presencia de niñas y niños forzados a pedir limosna en calles y cruceros del área metropolitana de Monterrey.
